A la segunda fue la vencida. El Congreso de los Diputados ha convalidado el real decreto-ley para la reubicación de menores inmigrantes no acompañados desde zonas con recursos tensionados, como Ceuta o Canarias, a otras comunidades en las que puedan recibir una mejor atención.
Tras un intenso de debate de meses en los medios y la amenaza de los gobiernos autonómicos del PP de llevar el texto al Constitucional, la medida ha salido adelante en la Cámara Baja. Finalmente, PP y Vox votaron en contra, mientras que el bloque de la investidura de Sánchez ha dicho que sí.
El acuerdo inicial del PSOE, Sumar y Coalición Canaria ha contado desde el primer momento con el respaldo del Gobierno de Ceuta, que considera que la Ciudad se encuentra desbordada y sin capacidad de acoger a más menores inmigrantes con unas mínimas garantías.
Cambios de postura
Aunque en las horas previas se daba por hecho que le reforma saldría adelante, los vaivenes de la legislatura y los cambios de postura de algunos de los grupos que habitualmente suelen apoyar al Gobierno (sobre todo Junts) hizo que los grupos prefirieran no lanzar las campanas al vuelo.
También había expectación por ver la postura que adoptaba el PP de Feijóo en esta votación, ya que la mayoría de comunidades que gobiernan los populares se han mostrado en contra de las “formas” que se han seguido para esta modificación. Finalmente, han votado negativamente al decreto-ley.
El gobierno autonómico del PP de Ceuta sí está a favor del decreto, viendo en el mismo una posibilidad de superar la saturación de los centros de menores de la ciudad.
La defensa del ministro Torres
El ministro de Política Territorial y Administración Pública, Víctor Ángel Torres, ha sido el que por parte del Gobierno defiende esta medida, con un discurso en el que ha recordado al expresidente canario Adán Martín, quien ya alertó en Europa hace 20 años de la presión migratoria a algunos territorios.
Por ello, ha reclamado “altura de miras” a los grupos para aprobar una medida que califica como “una histórica para una demanda histórica, pero justa”, ha sentenciado el ministro, quien justificó “más de un año de trabajo” para una ley “que no es la del verano, porque entonces era solo para Canarias, Ceuta y Melilla, ahora es para todos”, ha precisado.
El ministro ha pedido el apoyo de todos los grupos, incluido Vox “aunque me llamen iluso” y criticó que haya comunidades autónomas con cinco millones de habitantes que se sientan saturadas por atender a 600 menores. “Qué dirían ustedes de Ceuta, que atendió en 2024 hasta 867 menores de 84.000 habitantes”, se preguntó el ministro.
Agradecimiento al esfuerzo de Ceuta
Torres ha recordado que el real decreto ley establece que el Gobierno convocará una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia antes del 20 de junio, pero avanzó que será antes de esa fecha.
Calificó el decreto ley como una respuesta "definitiva, estructural y equilibrada" no solo para esta crisis humanitaria, sino también para "las que puedan venir", ya que de ella se podrán beneficiar en un futuro otras regiones.
En caso de que la reforma no llegara a aprobarse, el ministro cuestionó que “¿cuál es la alternativa, que esos niños se queden en Ceuta, Melilla o Canarias?”. En el turno de agradecimientos, Torres incluyó “el esfuerzo” que han realizado en atención a los menores los gobiernos de Ceuta, Melilla y Canarias.
Las razones del no del PP
Estaba por ver cuál sería la postura del PP, que finalmente no ha variado y ha anunciado su voto en contra de este decreto-ley. Su portavoz, Ana Alós, ha apuntado que la crisis migratoria se ha convertido en “crónica” y que “este parche” no va a solucionarla.
Ha reprochado al Gobierno del PSOE su “hipocresía en este asunto al criticar a las comunidades del PP mientras que el Estado asume a un millar de menores de Canarias porque el Tribunal Supremo les obliga”. Alós ha pedido a la izquierda que “no nos dé lecciones” y ha criticado que el Ejecutivo central no ha tenido como objetivo resolver los problemas de Ceuta y Canarias, sino “utilizar de manera partidista esta crisis”.
La diputada ha lamentado que los socialistas hayan cedido al “chantaje” de Junts a cambio de ceder a Cataluña más competencias. Respecto a la reforma planteada, Alós ha dicho que vulnera las competencias autonómicas sobre menores y envían más menores a Melilla que a Cataluña. “Esto no tiene un pase”, ha sentenciado antes de calificar el texto como “una chapuza administrativa”.
Solidaridad territorial y también recursos
La dirigente popular ha cuestionado también la partida económica de 100 millones que se ha anunciado para desarrollar el decreto y lo ha calificado como “un fondo fantasma”.
Ana Alós ha exigido que la solidaridad “vaya acompañada de recursos y ha afirmado que “la política migratoria más inhumana es la que no existe”, como la que en su opinión está aplicando el Gobierno central.
En Ceuta hay en la actualidad 420 menores extranjeros acogidos, un 400% por encima de la capacidad que puede soportar la ciudad. El 75% está atendido en establecimientos o recursos de emergencia que ha tenido que habilitar el Gobierno local.
Su portavoz, Alejandro Ramírez, ya comentó esta semana que “ojalá” la realidad que vive Ceuta con la sobrecarga asistencial de menores extranjeros “fuera entendida” por otras comunidades autónomas, ya que mañana pueden ser ellas las que se vean en una situación similar.
Algunos detalles del texto
El texto aprobado recoge que “resulta preciso posibilitar una redistribución de personas menores de edad extranjeras no acompañadas de los territorios más saturados hacia otras comunidades y ciudades autónomas, que responda a una fórmula de solidaridad equitativa, que pondere el esfuerzo realizado por cada territorio en la atención a las personas menores de edad extranjeras no acompañadas”.
En otro de los párrafos se incluye que “se declarará la situación de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada en aquellas comunidades o ciudades autónomas cuyo sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas exceda en ocupación tres veces su capacidad ordinaria”.
También se indica que el traslado a la comunidad o ciudad autónoma de destino “habrá de producirse en el plazo de 15 días naturales a contar desde la inscripción de la persona afectada en el citado Registro de Menores Extranjeros No Acompañados”.
Los criterios objetivos
Para determinar cuál será la ubicación de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas en las diferentes comunidades autónomas se seguirán una serie de criterios objetivos, que serán:
- Un 50 por ciento de las niñas y niños en razón a la población de las comunidades o ciudades autónomas de acogida según los datos recogidos en la estadística continua de población.
- Un 13 por ciento de las niñas y niños en razón a la renta disponible bruta per cápita de los hogares de las comunidades o ciudades autónomas de acogida, publicada por el INE.
- Un 15 por ciento en razón inversa a la tasa de paro según la Encuesta de Población Activa del último cuatrimestre de las comunidades o ciudades autónomas de acogida.
- Un 6 por ciento atendiendo al esfuerzo en atención a personas menores no acompañadas, valorando, en sentido inverso, el esfuerzo de la comunidad o ciudad autónoma en la atención a niñas, niños y adolescentes acogidos con base en los siguientes parámetros: promedio de niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados atendidos en los últimos seis meses; ratio de niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados por cada 100.000 habitantes de la población de la comunidad o ciudad autónoma.
- Un 10 por ciento en razón inversa al dimensionamiento estructural de sistema de plazas de acogida estimado por el Ministerio de Juventud e Infancia. Se calculará en razón a la diferencia de plazas existentes con respecto al promedio deseable de disponer de una plaza por cada 2.500 habitantes.
- Un 2 por ciento en razón a su realidad de ciudad fronteriza, estableciéndose una ponderación negativa a la Ciudad de Melilla del -100 % para atender a su situación fronteriza.
- Un 2 por ciento en razón a la insularidad estableciéndose una ponderación negativa a Islas Baleares del -100 % para atender a su situación de insularidad.
- Un 2 por ciento atendiendo a la dispersión de la población.
Reunión el próximo 28 de abril
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado este jueves que reunirá el próximo 28 de abril a las comunidades autónomas para fijar las criterios de reparto de los menores migrantes que se encuentran solos, aunque ha advertido de que el Gobierno no cuenta aún con todos los datos que se han requerido a las comunidades.
Ha explicado que este real decreto contempla la celebración de una Conferencia Sectorial que el Gobierno va a convocar el 28 de abril y a la que llevará los criterios de reparto a pesar de que -ha asegurado- el Gobierno no tiene todos los datos.
"Ha habido comunidades del Partido Popular que no nos han facilitado los datos de las plazas de acogida", ha lamentado la ministra, que la calificado este hecho de "sorprendente" porque, más allá del real decreto, "hay una obligación de colaboración entre administraciones y gobiernos del país a todos los niveles, que no se está cumpliendo".
Rechazo contundente de Vox
La portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Pepa Millán, ha mostrado su rechazo al decreto ley sobre y ha asegurado “que los menores deben estar con sus familias y en sus países de origen”. La diputada ha explicado que el reparto de los inmigrantes ilegales por las diferentes regiones de España no es la solución porque lo que se genera es un “efecto llamada” para que sigan llegando a manos de las mafias y esto daña precisamente a la inmigración legal.
La diputada de VOX ha alertado de que “como consecuencia de esa inmigración, está teniendo lugar una progresiva islamización muy alejada de los valores europeos. Que cuestiona la dignidad de la persona, la igualdad entre hombres y mujeres, y que en absoluto busca la integración sino la imposición”.
Se ha referido también a las consecuencias económicas de la inmigración ilegal porque “mientras formamos a nuestros jóvenes en nuestras universidades y los mandamos al extranjero forzados por los números rojos del Gobierno, ustedes supeditan nuestro futuro a personas que vienen de forma irregular, con baja cualificación, y que son beneficiarias netas de un sistema al que no contribuyen en la misma proporción”.
Pepa Millán ha asegurado que “ustedes dicen que la inmigración no es un problema y que magnificamos los números. La realidad es que España ha pasado de 1.2 millones de inmigrantes en 1998 a 9 millones el pasado año. Es decir, un aumento del 650% en menos de tres décadas”.
Según estos del gobierno la solución es endosarselos a nuestros vecinos peninsulares,menudas cabezas pensantes,estamos rodeados de inútiles o, será que es otro negociete
Eso quiere decir más presión migratoria si lo dejarán aquí hasta que cumplieran 18 años y luego lo expulsaron a su país no vendría ni uno.
Y el chollo de las ONG se acabaría
No tenemos para ayudar a los nuestros. Creo y estoy segura que es un negocio donde unos cuantos se enriquecen a costa de ellos.
Los menores tienen que estar con sus padres,esto no es solución,dentro de poco tendremos el mismo problema