El juez ha condenado a dos de ellos por un delito de atentado, mientras que los otros cinco han sido procesados por un delito de resistencia. Todos ellos reconocieron los hechos y se conformaron con la pena que les ofrecían.
Los siete subsaharianos que fueron detenidos el pasado martes en las inmediaciones de la planta de transferencia de residuos pasaron ayer a disposición judicial. Todos ellos fueron al juzgado de Instrucción número 4, cuyo magistrado terminó condenándoles. Según pudo saber este medio, los inmigrantes reconocieron la comisión de los hechos, llegaron a un acuerdo con el Ministerio Fiscal y se conformaron con las penas que les ofrecían, que en última instancia supusieron que todos quedaran en libertad, a pesar de ser criminalmente responsables de los hechos.
Dos de los inmigrantes fueron condenados por un delito de atentado a nueve meses de prisión, ya que reconocieron ser los autores del lanzamiento de piedras y basura a los agentes de la Benemérita. Por su parte, a los otros cinco acusados se les imputó un delito de resistencia y se les condenó a la pena de cuatro meses de prisión. Ninguno de ellos deberá ingresar en prisión, ya que al no tener antecedentes penales se les sustituyó el cumplimiento de la pena por la expulsión del territorio nacional.
Este medida puede tener trampa, ya que cinco de los extranjeros provienen de Guinea, uno de de Mali y otro de Burkina Faso, países con los que España no tiene vigentes acuerdos de repatriación. Esto impediría que se llevara a cabo la expulsión, saliendo prácticamente indemnes del proceso judicial.
Para prevenir esta situación, el Ministerio Fiscal impuso una medida paralela consistente en la suspensión condicional de la condena por periodo de dos años. Esto implica que los siete condenados no deberán entrar en la cárcel para cumplir sus penas, siempre y cuando no cometan delito alguno en el periodo reseñado. En caso de incumplir este acuerdo, la persona que delinca tendrá que cumplir los nueve o cuatro meses de prisión que le han impuesto por la detención en las inmediaciones de la planta de transferencia, más la pena del nuevo delito cometido. Es decir, que se le sumarían las dos condenas para cumplirlas de una única vez todas juntas.
Antes de llegar al acuerdo con los inmigrantes, el Ministerio Fiscal pedía penas de entre un año y seis meses de prisión para los detenidos. Los dos acusados de atentado eran los que se enfrentaban a una condena mayor.
Por su parte, la Guardia Civil les imputaba a los inmigrantes en las diligencias que abrieron la comisión de un delito de atentado, otro de resistencia, uno de desobediencia y uno último de usurpación. Finalmente, el Fiscal sólo ha entendido la comisión de los dos primeros, aunque tanto guardias como empleados de la planta de transferencia han manifestado que la táctica de los inmigrantes que se intentan colar se ha vuelto un poco más agresiva, aunque no en todos los casos, y que les está costando más echarlos de las instalaciones. En algunos casos llegan a enfrentarse con los trabajadores y, como se comprobó el martes, con cualquiera que se acerque para intentar impedir que se cuelen en los camiones.
El aumento de la presión sobre la planta responde a falta de expectativas de pasar a la península de forma legal por parte de los nuevos inmigrantes llegados. La mayoría de ellos son ahora de Guinea, que se ha convertido en la mayoría racial en el CETI y que están intentando imponerse a los compañeros del resto de nacionalidades. Esta situación está causando tensiones en el centro de inmigrantes, unas tensiones que se han reproducido últimamente en los aparcamientos del hospital Universitario, donde se está produciendo los extranjeros de unas nacionalidades intentan imponerse a los de otras procedencias distintas.
