Después de tantos años luchando para que los guardias civiles tengan derechos y, sobre todo, pierdan el miedo para defenderse de los abusos, injusticias o simplemente interpretaciones erróneas de las normativas, los representantes de las Asociaciones de Guardias Civiles observamos con preocupación que los nuevos guardias tienen miedo en presentar un simple escrito que pueda incomodar. Lo que debía ser un ejercicio normal de un derecho se convierte para ellos en una especie de pugna contra el mando que les puede pasar factura y, en muchas ocasiones, no les falta la razón, porque el cuestionar o presentar un escrito pidiendo un derecho los puede convertir en una especie de “bicho raro” en un proscrito para ocupar un puesto de trabajo que les pueda interesar, entre otras situaciones. Ese es el sentir de los compañeros.
La condena a cuatro años impuesta por el Tribunal Supremo a un teniente del Ejército del Aire por los delitos de abuso sexual, acoso sexual y de maltratar a una soldado durante cuatro largos años, pone de manifiesto la falta de derechos y el miedo de los trabajadores de las Fuerzas Armadas a denunciar, porque no se entiende -de otra manera- que hechos como estos ocurran durante cuatro largos años.
El teniente se convirtió en la pesadilla de la soldado desde el primer día que llegó a la escuela de la Base Aérea del Ejército del Aire de Alcantarilla (Murcia). En una ocasión ella se dirigió al superior como “mi subteniente” pero el superior le dijo el modo que debía dirigirse a él “para ti soy tu Fernando”. Entre octubre de 2014 y marzo de 2016 el entonces subteniente aprovechaba los momentos en que estaban solos en el despacho de la Secretaría de la Jefatura de Estudios para acosar a la soldado. Allí comenzó a proferir hacia ella frases tales como “mira cómo me pones”, “te gustaría comérmela”, mientras se tocaba el pene delante de ella, llegando a masturbarse ante la víctima. Ella se oponía constantemente, pero a pesar de su negativa, él continuaba con su acoso.
Existen otros episodios desagradables, como las propuestas de tener relaciones o las amenazas que le hacía en caso de no acceder. Eso fue lo que sucedió y los hechos no dan lugar a otra interpretación. El ahora teniente fue condenado por el Tribunal Supremo por abuso de autoridad en su modalidad de acoso y abuso sexual en su modalidad de trato degradante, inhumano o humillante con lesiones psíquicas que impiden cualquier otra interpretación a los defensores del diablo que existen en estos casos. Por otro lado, es importante subrayar que el Ministerio de Defensa es responsable subsidiario de la indemnización de 106.754 euros a la mujer por los 720 días de baja médica, secuelas y estrés postraumático, en caso de insolvencia parcial o total del condenado.
Que hechos tan repugnantes se puedan dar en las Fuerzas Armadas nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de implementar medidas eficaces que impidan que ocurran. No se trata sólo de proteger a las víctimas de cualquier tipo de abuso, se trata también de proteger el prestigio de las Fuerzas Armadas o de las Instituciones que por su especial relación entre sus miembros les resulte muy difícil denunciar, incluso encontrar a segundas personas que alerten de posibles episodios de abusos o corruptelas.
Los amantes del inmovilismo institucional se estarán acordando de mi santa madre, negarán la mayor, dirán que estas cosas no ocurren, pero la realidad es bien distinta y, por tanto, la necesidad de proteger con leyes eficaces a las víctimas o denunciantes debe ser una prioridad si queremos acabar con hechos tan repugnantes porque sin una protección real a las víctimas o denunciantes de corruptelas, irregularidades o abusos de cualquier tipo, nos podemos encontrar que estas circunstancias sucedan durante cuatro largos años.
La necesidad de protección de los ciudadanos o funcionarios que se atreven a denunciar corruptelas fue debatida y aprobada en la Comisión Europea en 2019. Una normativa que se estaba reclamando como una necesidad esencial para luchar contra la corrupción, porque sin una protección eficaz se deja desamparado al que se atreve a denunciar como evidenció el estudio realizado por la Comisión Europea en 2016, donde se estimaba que un 36% de los ciudadanos que denunciaron irregularidades sufrieron algún tipo de represalias, persecución laboral, daños en su reputación y problemas de salud.
Como bien dice la Comisión Europea, los ciudadanos que denuncian corruptelas o abusos deben tener una especial protección. Sin embargo, nos queda mucho camino que recorrer para percibir una protección real que anule nuestra incapacidad de denunciar, porque sin esa protección real, no podremos acabar con la sensación de inmunidad de los corruptos y, de esta forma, evitar lo que decía Baldassare: Cuando el jefe puede lo que quiere, se corre el gran riesgo de que quiera lo que no debe querer.
En la guardia civil nunca se ha legislado bien, sin lugar a dudas por culpa de los políticos de turno que han legislado a su conveniencia.
Si se legislara bien y con justicia y con duras respuestas para el que las incumplan, las cosas irían mucho mejor.