La magistrada titular de la plaza número 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta ha condenado a un hombre como autor de un delito contra la salud pública.
El acusado, llamado I. A. R., fue conducido por agentes de la Policía Nacional, reconoció los hechos y aceptó una pena de tres años y ocho meses de prisión, además del pago de una multa de 377.309 euros con tres días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de la sanción económica.
Los hechos por los que ha sido condenado se remontan al 21 de febrero del año pasado, cuando el ahora condenado fue interceptado en el control de preembarque de la estación marítima de nuestra ciudad, desde donde pretendía viajar con destino a Algeciras a bordo de un vehículo de su propiedad, un Dacia Logan.
Sospechas durante el control
Según recoge la resolución judicial, los hechos ocurrieron alrededor de las 13.00 horas, momento en el que los Funcionarios y Cuerpos de Seguridad del Estado que prestaban servicio en el control detectaron una actitud que les hizo sospechar de la posible presencia de sustancias estupefacientes ocultas en el interior del turismo.
Ante esas sospechas, los agentes procedieron a la identificación del conductor y le solicitaron autorización para realizar una inspección del vehículo. El acusado accedió voluntariamente al registro, facilitando así el reconocimiento del automóvil.
Durante la inspección, los agentes localizaron un doble fondo oculto en la parte interior de los asientos traseros, donde se escondían varios paquetes que levantaron las sospechas de los funcionarios actuantes.
Más de 55 kilos de resina de cannabis
El registro permitió intervenir un total de 20 pastillas rectangulares de sustancia de color marrón que, tras su análisis, resultaron ser resina de hachís. La droga alcanzó un peso neto de 55.568,48 gramos, con un índice de THC del 48,8%.
La sustancia intervenida habría alcanzado un valor de mercado de 377.309,97 euros, según la tasación incorporada a la causa, la cual el acusado transportaba la droga con la intención de destinarla a la venta o distribución a terceras personas, motivo por el que fue acusado de un delito contra la salud pública.
El acuerdo previo evitó la celebración de la vista oral que estaba fijado este paso lunes en la Sección Penal del Tribunal de Instancia.
