La orden firmada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, para tomar el control y autorizar la ubicación de un campamento para mil inmigrantes en el puerto de Ceuta supone el primer golpe encima de la mesa que da el Gobierno de la Nación ante las negativas a disponer de espacios donde ubicar recursos de acogida y contención de quienes entraron en avalancha a finales de julio.
Son negativas de los vecinos, cuyas querencias están siendo respaldadas por la Ciudad Autónoma, cuyo presidente, Juan Vivas, dejó claro que siempre se posicionaría del lado de las reivindicaciones sociales.
El Gobierno de la Nación ejecuta este movimiento de ficha como reflejo de que la paciencia se ha agotado y anuncio de que hará cumplir el real decreto con espacios consensuados para concentrar a los inmigrantes.
Insiste en lo de consensuado, en recalcar que todo lo que se ocupará fue acordado con la Ciudad. Esta, en cambio, considera, tras recibir informes al respecto, que el puerto no se debe ocupar.
El Gobierno central ha ejecutado una maniobra directa al firmar una orden ministerial con la que piensa avanzar en los trabajos para la puesta en marcha de este campamento temporal.
Se cumplen las advertencias del mando único, Ángel Víctor Torres: cuanto antes se busquen espacios, antes se podrá retirar a los inmigrantes de las calles. Y esa relación de espacios consensuada es la que se va a ejecutar.
El Gobierno de Ceuta considera que la decisión tomada “es un grave error, ya que se trata de una infraestructura crítica”.
Pone por delante los informes existentes que desaconsejan la ubicación de un campamento cerca de empresas que, de sufrir sabotajes, provocarían serios problemas para la ciudad tanto en suministro eléctrico como en materia portuaria.
“Esta celeridad que se están dando en buscar alojamiento para los inmigrantes se la deberían dar en la devolución de estas personas que entraron desde Marruecos, esa es la prioridad. Será la última forma de que Ceuta recupere la normalidad”, denuncia la Ciudad.
Al puerto ahora ocupado se sumarán terrenos del Ministerio de Vivienda que no han sido concretados y el acuartelamiento K-8. El volumen de plazas con el que se quiere contar alcanza las 6.000.
En la resolución firmada por el ministro Puente se recoge textualmente que, para evitar incidentes, el Ministerio bajo el control de quien atribuyó al presidente Pedro Sánchez haber sacado a Ceuta de la crisis en tiempo récord insta al de Interior a que colabore de forma “activa” aportando “los medios necesarios para reforzar la seguridad”.
Es decir, ese espacio quedará sometido a una vigilancia mayor por parte del Ministerio del Interior para evitar conflictos.
La superficie que acogerá las tiendas para los inmigrantes ocupa 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario en la ampliación de Poniente y el periodo temporal de uso es hasta el 31 de diciembre, sin perjuicio de ordenarse una prórroga.
La orden se basa en la necesaria protección de los intereses generales, “la continuidad de los servicios esenciales y la adecuada gestión de recursos para afrontar la crisis”.
“Resulta acreditada la concurrencia de razones de interés general de especial relevancia, vinculadas a la protección de la Seguridad Nacional, la preservación de la seguridad pública, la adecuada atención a las personas afectadas por la situación de crisis y la protección de la estabilidad económica y social de Ceuta”, expone el Ministerio de Transportes.
Las carpas ubicadas servirán para el desarrollo de las funciones atribuidas a la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional, contemplando espacios para zona de descanso, enfermería y dispensario, así como áreas para la atención e intervención social, servicios sanitarios y oficinas para el personal de la entidad que preste el servicio, así como una caseta para vigilantes de seguridad.
Es decir, lo que se va a instalar es un campamento en condiciones, no una hilera de carpas sin relación alguna.
La postura recogida por el consejo de administración del Puerto, que consideraba que este campamento era incompatible con la normal explotación del puerto, no ha sido obstáculo para que el Gobierno central disponga que se deben ejecutar los trabajos en tiempo récord.
La orden es de ejecución directa, lo que antes no se había hecho con los otros espacios dispuestos.
Puertos del Estado ha emitido un informe en el que concluye que, aun pudiendo la ocupación temporal incrementar los riesgos asociados a la protección de infraestructuras críticas, instalaciones sensibles y a la operativa portuaria, “concurren razones de interés general que justifican el otorgamiento de la autorización solicitada, sin perjuicio de la adopción de las medidas necesarias para garantizar su compatibilidad con la seguridad, protección y normal explotación del puerto”.
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