La Consejería de Fomento de Ceuta que dirige Alejandro Ramírez ha completado el trabajo de subsanación de las deficiencias “de orden técnico, material y aritmético” detectadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) en el
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado provisionalmente
por el Pleno en marzo del año pasado. El documento volverá a ser sometido a ese trámite el próximo miércoles, 1 de marzo, según han avanzado fuentes de la Ciudad.
A partir de ese momento, si vuelve a recibir luz verde de la Corporación, la Administración General del Estado volverá a disponer de seis meses de plazo para aprobar de manera definitiva el documento, margen que el
Gobierno de Vivas espera que no se agote “puesto que se han seguido al pie de la letra sus indicaciones en cuanto a la subsanación de errores materiales e incorporación de informes se refiere”.
El ministerio advirtió que
el PGOU remitido por la Ciudad
el año pasado no estaba “completo” y que en el expediente faltaban algunos trámites, así como la existencia de “deficiencias de orden técnico” y “errores materiales y aritméticos” susceptibles de ser pulidos antes de proceder a la aprobación definitiva del mismo, competencia del Estado.
El Ejecutivo de Vivas espera que el Estado no agote sus 6 meses para dar luz verde
De acuerdo con las exigencias del Mitma,
la Consejería de Fomento ha redactado e incorporado al documento 41 memorias de viabilidad económica, una por cada actuación de transformación urbanística prevista en el Plan, con el propósito de respaldar su viabilidad en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación y de equilibrio entre beneficios y cargas para los propietarios incluidos en cada ámbito.
La Ciudad también se ha visto obligada a “rectificar referencias anacrónicas”, dar “coherencia” a los documentos que componen el PGOU, corregir errores gramático-formales y aritméticos, justificar algunas decisiones, corregir omisiones y completar la relación de afecciones en el apartado de protección de los bienes demaniales.
El ministerio también requirió “orden” en el Catálogo de Elementos Protegidos que contiene el Plan con la supresión de los ya demolidos, de tal forma que quedan un total de 143 en el Nivel Ambiental.
El Mitma apreció “deficiencias” y “errores” en un Plan “incompleto”
La Asamblea de Ceuta aprobó el 29 de marzo del año pasado con los votos a favor de PP, PSOE, MDyC y los dos diputados no adscritos el nuevo PGOU con el propósito de que la ciudad autónoma “siga creciendo y desarrollándose hacia el futuro” y para impulsar “sectores estratégicos con un impacto notable en la economía y en el empleo” como el de la construcción, según resumió Ramírez.
“Permitirá actualizar los instrumentos de planeamiento a las circunstancias actuales y dará seguridad jurídica a los operadores del segmento inmobiliario y empresarial para generar más inversión,
más vivienda, más empleo y más calidad de vida, así como desarrollar sectores estratégicos como el puerto, el turismo, la economía digital, el desarrollo sostenible y el empleo”, valoró.
Crecimiento “centrípeto”
El nuevo Plan apuesta por una estrategia “de crecimiento centrípeto” cuya idea fundamental es “priorizar la utilización de las bolsas de suelo disponibles en el suelo urbano con carácter previo a la clasificación de suelo urbanizable”. Su objetivo es “garantizar al máximo la salvaguarda de los valores naturales del
Monte Hacho y García Aldave” y, al mismo tiempo, generar las condiciones necesarias para la construcción de 8.158 viviendas, un 48% protegidas.
La ejecución del documento dejará la ciudad con un 60,2% de superficie no urbanizable (en el PGOU vigente se quedaba en un 59,8% con 1.185 hectáreas), un 36,9% de suelo urbano (730,7 hectáreas incluida la ampliación del puerto en terrenos ganados al mar) y un 2,8% de terrenos urbanizables.
El Plan pretende orientar el crecimiento de Ceuta para adaptar la ciudad “a la nueva coyuntura socioeconómica” y para “consolidarla como una ciudad media prestadora de servicios cualificados y de calidad, con capacidad para ofrecerse como espacio atractivo, para vivir, para visitar o para invertir, a ciudadanos y empresas de regiones urbanas próximas”.
A tal efecto se proponen soluciones para “configurar espacios urbanos atractivos para vivir y para nuevas áreas de actividad vinculadas tanto a actividades productivas como al tráfico de mercancías y a otras nuevas relacionadas con el ocio, la cultura o el medioambiente”. El texto prevé sacar del casco urbano los depósitos de combustible que Ducar y Cepsa todavía tienen a ambos lados del centro histórico y apuesta por la elaboración de Planes Especiales para regularizar las miles de viviendas fuera de ordenación que se encuentran
en barriadas de la periferia como el Príncipe, Benzú o La Almadraba.