Las diligencias que desde hace ya casi dos meses y medio dirige la titular Juzgado de Instrucción número 2 por la presunta comisión de varios delitos de abusos sexuales por parte de un trabajador del Plan de Empleo sobre varias menores dentro y fuera del CEIP Lope de Vega, donde estuvo destinado desde principios de curso hasta el pasado 4 de marzo, cuando fue detenido, siguen avanzando con el investigado en prisión. Según han informado fuentes judiciales, actualmente se está tramitando alguna personación (como la del MECD) y se ha puesto en conocimiento de la Ciudad Autónoma la existencia del procedimiento y su posible responsabilidad civil subsidiaria tras analizar si debía corresponder a esa Administración, al Ministerio de Educación o al propio centro escolar.
La Ciudad ya ha remitido al Juzgado competente el contrato que le unía al acusado, J.A.G., un varón de 51 años que desde que fue arrestado está en prisión provisional sin fianza.
En paralelo, la causa está pendiente de incorporar un informe fotográfico solicitado a la Policía del lugar en el que supuestamente habrían tenido lugar los hechos delictivos en forma de tocamientos sobre las menores con entre seis y diez años.
El acusado fue detenido inicialmente denunciado por un vecino de su barriada a cuenta de un supuesto abuso cometido sobre su hija
En base al testimonio de esa primera niña los agentes implicados en la investigación acumularon “indicios” de que el individuo pudiese haber incurrido en comportamientos delictivos similares en el ámbito escolar, sospechas que han respaldado las declaraciones más o menos extensas, en función de su edad, de cerca de una decena de menores más.
La juez instructora ordenó la entrada en prisión del acusado por un presunto delito continuado de abuso sexual a menores de 16 años.
Por uno de los casos se enfrenta a hasta doce años de cárcel y a seis más por cada uno de los otros nueve, un total de 66. Durante su declaración en sede judicial el detenido negó los hechos que se le atribuyen.
Una de las denuncias, la primera, la atribuyó a sus “malas relaciones” con los padres de una niña y para las otras nueve aseveró no tener “explicación” alguna.
Los relatos de algunas de las presuntas víctimas han apuntado que, en el centro educativo, el sujeto se encontraba a menudo junto al servicio femenino que utilizan las alumnas de Primaria para los hacer los referidos tocamientos e instarles a no decir nada a nadie.
El Tribunal Supremo ha considerado recientemente en un caso similar registrado en un centro de Madrid que el testimonio de nueve menores sobre diversos tocamientos enjuiciados y el mismo método operativo era “prueba directa” que “deviene directa e inmediata en sencillo proceso inductivo sin que resulte merma alguna de credibilidad la falta de absoluta concordancia episódica o la periodicidad de los mismos”.
