La consejera de Hacienda,
Economía y Administración Pública, Kissy Chandiramani, ha participado este viernes en una reunión de los consejeros de Hacienda de las autonomías gobernadas
por el Partido Popular entre las que se encuentran Andalucía, Murcia, Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia. Una vez finalizado el encuentro, los consejeros han realizado una declaración conjunta, en la que solicitan una serie de medidas al Gobierno de la Nación. Por su parte, la representante del Gobierno de la Ciudad ha hecho hincapié en que Ceuta pasa por momentos muy complicados, no solo por el "tsunami" que ha supuesto
la pandemia, sino también por el cierre de la frontera que ha provocado una doble crisis económica. Además, la consejera ha recordado que la Ciudad está asumiendo competencias muy importantes en materia de Educación o Inmigración,
en este último caso atendiendo a los marroquíes que quedaron atrapados a consecuencia del cierre fronterizo. En la declaración conjunta los consejeros de Hacienda señalan que “nuestra sociedad lucha contra una pandemia con dos claras consecuencias de una magnitud sin precedentes: una crisis de salud pública que exige actuar con responsabilidad y diligencia para controlar el contagio de la COVID; y un shock económico, que exige desplegar políticas y reformas que impulsen una recuperación de la actividad empresarial y el empleo con la mayor celeridad posible”.
Una recuperación que no llegaría hasta 2023
Manifiestan que según las previsiones publicadas por FUNCAS esta misma semana, en el conjunto del 2020 se estima una caída del PIB del 13%, en la que la actividad se contraerá un 35,5% en los sectores asociados al turismo y actividades de ocio y cultura, y un 4% en el resto de los sectores. Siguen indicando que a finales de ese año el PIB todavía se situará un 3,9% por debajo de su nivel precovid. Con toda probabilidad, se expone en la declaración conjunta, que “la recuperación no sería total hasta 2023, o incluso 2024 dependiendo de la senda de política económica. A su vez, la crisis económica impacta de lleno en las haciendas de las administraciones que deriva en una crisis fiscal ante el desplome de la actividad, la destrucción del empleo, la caída de la recaudación y el aumento del gasto sanitario, educativo, y de prestaciones sociales. En este contexto, los españoles esperan de los responsables públicos una respuesta coordinada, leal, amplia y decidida por parte de todas las instituciones europeas y administraciones públicas estatales, autonómicas, provinciales y municipales”.
Hacen varias menciones a la Constitución Española y critican al Gobierno de la Nación porque aseguran que no está entendiendo lo establecido en la Carta Magna: “Esta forma de comprender el estado de las autonomías y el municipalismo acorde con los valores constitucionales no está siendo comprendida por el actual Gobierno de la Nación, que ha descuidado la coordinación y cooperación con las administraciones territoriales, evidenciado una tendencia recentralizadora inédita, en la que pierde peso el consenso multilateral en beneficio de las relaciones bilaterales con fuerzas independentistas, sin tener en consideración la imperiosa necesidad de sumar esfuerzos con todas las autonomías para el bienestar del país”. Por último aluden a que los Consejeros de las Comunidades Autónomas Murcia, Castilla y León, Galicia, Madrid, Andalucía y Ciudad Autónoma de Ceuta cuya población supone el 51,7% de la que corresponde a las Comunidades y Ciudades Autónomas de Régimen Común, “nos hemos reunido hoy en Sevilla para abordar asuntos comunes en materia de planificación presupuestaria y requerir al Gobierno de la Nación el retorno a la cooperación y coordinación económica-financiera con las Comunidades para que puedan desplegar su autonomía de gestión en un entorno de certidumbre, así como para que el Estado garantice la realización efectiva del principio de solidaridad, y vele por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español”.