Lastradas por una asimetría institucional, las ciudades autónomas españolas están teniendo un desarrollo insuficiente ante los retos, clásicos, actuales y es de temer que venideros, de la inmigración irregular, del paro desbocado, del declive económico que se acentúa con la concesión europea de un estatuto avanzado al reino alauita, de la falta de evolución armónica, y tantos más cuya visibilidad exime de ulterior comentario. Y siempre, con la amenaza marroquí de fondo, porque el elemento del Sáhara, en cuanto contención inercial al irredentismo marroquí sobre las ciudades, se torna cada vez más endeble ante el crónico deterioro de la cuestión, que podría llevar al vecino del sur a darla prácticamente por resuelta en base al valor de los hechos consumados y por tanto, a pretender no postergar ya en demasía su calendario reivindicativo.
De ahí, por otra parte, la conveniencia de que enfrente de Canarias termine estando la RASD en lugar de un estado como el actual Marruecos, expansionista por designio histórico voluntariamente asumido. Un principio de saludable geoestrategia demuestra que todo lo que ocurre en una zona hipersensible afecta directa o indirectamente a los demás puntos de esa zona, como insisto en España y el dédalo diplomático, que sale ahora, al que seguirá en seguida Diplomacia secreta española.
Por supuesto que la zona en cuestión es más amplia e incluye el terrorismo desde el Sahel, contra el que se impone una acción concertada internacional, pero habría que precisar dos variables claras a efectos de operatividad. El terrorismo es fácilmente exportable por definición. Pocas cosas hay tan factibles como desplazar media docena de radicales a miles de kilómetros capaces del 11-S o del 11-M. Y segundo, el fundamentalismo yihadista constituye ya un fenómeno autóctono, menor pero evidente, en determinados lugares de nuestro país, incluida Ceuta.
Aparte de las incidentales consideraciones anteriores y volviendo a las ciudades, ni siquiera han podido superar el argumento sicológico negativo, derivado, primero, de no lograr en su momento incardinarse administrativamente en su entorno natural andaluz; segundo, de una creciente opinión pública de conformismo y respaldo menguante, y tercero, de no escapar a la persistente rumorología sobre una cierta lasitud institucional hacia su futuro, particularmente acentuada con las administraciones socialistas. Es lo que he denominado, con mayor o menor propiedad pero desde luego con un alto grado de atingencia al quid de la cuestión, la hipostenia creciente de la posición y el animus españoles.
Frente a situación tan gráfica, la respuesta del Estado da la impresión de ubicarse en la coyuntura y por ende, en acciones puntuales, con esporádicas y limitadas, en tiempo, número y disponibilidades financieras, visitas de responsables ministeriales, en lugar de una política mantenida, persistente y coordinada, dentro de la globalidad.
Porque éste es un punto clave. Invariablemente vengo insistiendo en que la mejor defensa cara al expansionismo del vecino del sur, radica en la defensa conjunta. No en el instintivo y semi practicado cada uno por su lado, vertebrado además en cierta manera por las marcadas diferencias entre ambas ciudades. Aquí, en Ceuta y Melilla, lo fundamental son los principios. Por eso, cuando se han esgrimido enfoques teóricos parciales, como ceder una ciudad manteniendo la otra o jugar con las islas y peñones, siempre he sostenido que las soluciones parciales se tornarían irrelevantes fuera de la globalidad y no satisfarían por entero a ninguna de las dos partes, al menos en el terreno de los principios, salvo como paso previo a la liquidación total del contencioso que aparece, indefectiblemente, como un todo. Amén de que para la posición española sólo sería útil en cuanto táctica dilatoria, a cambio de perder firmeza en lo fundamental, es decir, en los siempre invocables principios.
Una vez que se acepte ese enfoque cardinal de filosofía diplomática, el avance por un iter correcto podrá realizarse sobre bases más congruentes. Sólo hace semanas, un ministro, hijo adoptivo de una de las ciudades, ha firmado un programa de cooperación con esa ciudad. Pues bien, ahora, ya, hágase algo similar con la otra, puesto que desde la óptica que aquí se está propugnando, podría traducirse cara a terceros interesados, en la discriminación, casi gratuita por lo demás, de esa otra ciudad.
El segundo punto, aceptado el anterior, consistiría no ya en respetar sino al menos en tener en cuenta la opinión pública: las cuchillas que se han vuelto a poner en Melilla y ya estaban en Ceuta, quiebran cualquier aproximación, desde la principal, la humanitaria, hasta si se quiere la estética, en la temática del control de fronteras y hacen flaco favor a la causa de las ciudades. El pasado año sugerí al inexperto en estas lides de los contenciosos, gobierno español, la intensificación de la línea dura en Gibraltar -¨a Inglaterra metralla, que pueda descalabrarles¨, como decía Gondomar ya en el XVII, es decir, antes de que la Pérfida Albión tomara el Peñón en otra de sus maniobras heterodoxas, sin otra bandera que la de la inverecundia- pero con una advertencia impuesta por la prudencia: evitando que las medidas a tomar pudieran tergiversarse ante la opinión pública internacional, esto es, que los llanitos, con Londres moviendo los hilos, pudieran mutar lo que son derechos y hasta obligaciones españolas para el cumplimiento de la normativa correspondiente y tornarlos, por pasiva, en una defensa casi numantina, ante ¨medidas abusivas¨.
Por consiguiente y recapitulando, potenciación conjunta de ambas ciudades y respeto a la opinión pública, significarían la doble, inexcusable base de cualquier política que se precie, máxime desde las coordenadas del siglo XXI. Porque Ceuta y Melilla no son precisamente un tema de ayer, pero esperemos que tampoco lo sean precisamente de mañana.
