Ceuta cuenta con un millón euros para sufragar el Programa de Protección a la Familia y Atención a la pobreza. La cifra publicada en el BOE de este lunes, en concreto 1.085.620, es la designada por el Ejecutivo central para financiar el proyecto.
El monto sale tras el cálculo del reparto del presupuesto total entre las diferentes comunidades autónomas, además de las ciudades de Ceuta y Melilla, a excepción de Navarra y el País Vasco. El resultado del importe se ha basado en una serie de criterios. El crédito ha seguido una serie de aspectos orientados fundamentalmente en aspectos relacionados con la demografía o el tamaño de las ciudades.
El de mayor peso es la población registrada en los territorios. De hecho, es el más determinante al constituir el 90%. Otros factores han sido la superficie, los casos de personas dependientes, dispersión, grandes urbes y la insularidad. Se ha repartido también según el número de menores de 18 años en cada una de las regiones acorde con los datos del 2022.
Porcentaje fijo para Ceuta
Ceuta está entre las zonas con acceso a un porcentaje fijo del 0,5%. Melilla es la otra ciudad que cuenta con él. Cantabria y la Rioja perciben siempre un 1,5% invariable. No toda la financiación procede del Gobierno de España.
Las comunidades tendrán que contribuir económicamente en dos de las secciones a las que se destina el capital. Aportan, específicamente, en los dirigidos al refuerzo de equipos de atención a la infancia y en las prestaciones básicas de servicios sociales.
El documento indica que como mínimo deben conceder “una dotación de igual cuantía que la que le corresponde en la distribución”. Asimismo, detalla que las comunidades son las que determinarán las cuotas de las corporaciones locales responsables de cada proyecto.
Bloques
El grueso del millón de euros se empleará en prestaciones básicas de servicios sociales. Se desempeñarán 520.000 euros a los que se añaden 100.000 por ser ciudad autónoma. Melilla también tiene este extra.
El segundo con mayor concentración del importe es el plan de Protección a la familia. El total alcanza 313.900 y está planteado para “garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y cultura tanto en niños como adolescentes durante las vacaciones escolares, así como la conciliación de la vida familiar”.
La asignación en el refuerzo de equipos de atención a la infancia en servicios sociales de atención primaria es de 125.000 euros. Se adjudican 4.400 a los proyectos de intervención social enfocados al pueblo gitano.
Cada uno de los programas dispone de un monto a distribuir. El bloque dedicado a alimentación, ocio y cultura cuenta con 15.000.000 euros, el refuerzo de equipos para la atención a la infancia y la familia tiene 25.000.000, el de prestaciones básicas 108.704.000 y el empleado para el colectivo gitano dos millones.
Iniciativas por bloques
Cada una de las secciones comprende acciones más concretas. El primero, dedicado a asegurar actuaciones relacionadas con la dieta o vinculadas al tiempo libre, estipula propuestas para cubrir necesidades básicas, para fomentar actividades de ocio y que faciliten la compaginación de la rutina laboral con la vida en familia.
El segundo, trata de fortalecer las plantillas dentro de la red de servicios sociales y de proporcionar a la ciudadanía una asistencia adecuada “que permita la prevención y detección precoz de cualquier tipo de riesgo de violencia”.
El tercero, se dirige a la manutención de los servicios sociales ofrecidos por entidades locales. Estos consisten, en detalle, en brindar información y orientación a usuarios, en ayudas a domicilio y apoyos a la unidad de convivencia, a ofrecer alojamientos alternativos y a la prevención e inserción social.
Requisitos
Los proyectos dirigidos al pueblo gitano están pensados para miembros del colectivo en situación vulnerable. Las iniciativas deben ser promovidas y gestionadas desde las regiones, así como las corporaciones locales. Ambas deben contribuir como mínimo dos tercios de la cantidad costeada por el Ejecutivo central.
“Las propuestas se seleccionarán de común acuerdo por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y por los gobiernos de los territorios”, señala el escrito. El texto también hace hincapié en los requisitos que deben cumplir. Estos deben tener una visión integral, es decir, abordar actuaciones a nivel social, educativo y educativo, “preferentemente de apoyo al seguimiento escolar, salud, vivienda y hábitat”.
Las instituciones deben coordinarse con organizaciones para evitar “redes paralelas de atención y duplicación de recursos”. Otro de los pilares es cerciorar que los integrantes de este sector población tomen parte las iniciativas de forma activa y efectiva. A este se suma la inclusión de planes de bienestar de mayor ámbito territorial y la promoción de la convivencia ciudadana.
Imaginamos para quienes va ese dinero
...que lo sepas