Hay momentos en los que las cifras, por su magnitud, corren el riesgo de ocultar la realidad que representan. Hablar de más de 1.300 menores acogidos en Ceuta puede parecer simplemente un dato estadístico, pero detrás de cada uno de esos números hay un niño, una historia personal y, en muchos casos, una familia de la que se encuentra separado.

El Faro de Ceuta informaba el pasado 7 de agosto de que 1.342 niños y niñas habían sido ya registrados y filiados en el sistema de acogida, mientras continuaban los trabajos de identificación de otros menores llegados durante la avalancha procedente de Marruecos.

Ceuta, además, afronta esta situación con un sistema cuya capacidad ordinaria se sitúa en apenas unas treinta plazas para menores extranjeros no acompañados. El desbordamiento, por tanto, no necesita demasiados adjetivos. Los números hablan solos.

Pero precisamente porque los números son enormes, corremos el riesgo de olvidar lo esencial.

Estamos hablando de niños. 

Niños con nombre y apellidos. Con una edad. Con una ciudad de procedencia. Con una historia anterior a la noche en la que cruzaron una frontera. Y seguramente, en muchos casos, con una madre, un padre, unos hermanos o unos abuelos que forman parte de esa historia.

Por eso echo en falta una pregunta sencilla en medio del enorme debate político, territorial y migratorio que se ha abierto:

¿Dónde están sus familias? 

No lo planteo como una consigna política.

Lo planteo como padre, como mediador familiar y como presidente de una asociación que lleva décadas trabajando alrededor de los conflictos familiares y de la protección de los menores.

La primera obligación de España es evidente: ningún menor puede quedar abandonado a su suerte.

Debe ser identificado, alimentado, alojado, protegido, atendido sanitariamente y apartado de cualquier riesgo de explotación, violencia, trata o abuso.

Y en este punto hay que reconocer también el enorme esfuerzo que está realizando Ceuta. Una ciudad sometida en apenas unos días a una presión extraordinaria y cuyos profesionales, fuerzas de seguridad, servicios públicos, entidades sociales y ciudadanos están respondiendo ante unas circunstancias para las que ningún sistema puede estar preparado con normalidad.

Pero proteger a un menor no puede terminar cuando conseguimos proporcionarle una cama.

Ahí empieza realmente el trabajo.

Hay que saber quién es. De dónde viene. Qué edad tiene. Quiénes son sus padres.

Si saben dónde está. Si lo están buscando. Si existe una familia que puede hacerse responsable de él.

Y, sobre todo, si regresar junto a esa familia es seguro y beneficioso para el propio menor.

La legislación española, afortunadamente, no permite resolver esto con un simple “que vuelvan todos” ni tampoco debería convertir automáticamente la llegada a territorio español en una ruptura definitiva con la familia de origen.

El Reglamento de Extranjería exige investigar las circunstancias familiares del menor en su país de procedencia. La Administración debe solicitar información sobre su filiación y su entorno familiar y social y, solamente después, valorar si su interés superior aconseja la reagrupación con su familia, su puesta a disposición de los servicios de protección de su país o su permanencia en España.

En definitiva, no caben ni devoluciones colectivas ni decisiones generales de permanencia. Cada menor debe ser valorado de forma individual, atendiendo a su historia, a sus circunstancias familiares y, por encima de cualquier otra consideración, a su interés superior. Eso es lo que exige el Derecho y también lo que debería exigirnos la responsabilidad humana. A todo ello se añade ahora un dato especialmente relevante.

El Faro de Ceuta publicaba el 7 de agosto que Marruecos había manifestado estar dispuesto a recibir a los menores marroquíes llegados durante esta crisis y a coordinarse con España para su identificación y retorno. 

Si esa voluntad existe realmente, ahora debe traducirse en hechos. No basta una declaración diplomática.

Marruecos dispone de administraciones, consulados, registros civiles, policías y servicios sociales. Puede y debe colaborar activamente para identificar a estos menores, localizar a sus familias y comprobar sus circunstancias.

Y España debe exigir esa colaboración.

Porque aquí aparece una cuestión que me parece fundamental: la solidaridad española no puede sustituir innecesariamente a una familia que existe, que es adecuada y que quiere recuperar a su hijo.

Si un muchacho de quince años tiene unos padres en Tetuán que desconocían que había cruzado a Ceuta, quieren recuperarlo y pueden garantizar su protección, deberíamos hacer todo lo posible para comprobarlo y, si todas las garantías concurren, facilitar esa reunificación.

Eso no es expulsar a un niño.

Es devolverle a su familia. 

Otra cosa completamente distinta es un menor abandonado, maltratado, explotado o cuya vuelta pueda colocarle en peligro.

En esos casos, España deberá protegerlo. Y deberá hacerlo durante el tiempo que sea necesario.

Por eso las simplificaciones resultan tan peligrosas.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, afirmó precisamente en Ceuta que “la prioridad es la reagrupación familiar”, aclarando que los expedientes deberán estudiarse individualmente y preservando el interés superior del menor.

Me parece una posición razonable.

Ahora hay que ponerle medios, profesionales y velocidad administrativa. Porque el tiempo también cuenta cuando hablamos de niños.

No podemos pasarnos meses discutiendo competencias mientras un menor permanece separado de una familia que quizá se encuentra a pocos kilómetros.

Y tampoco podemos reducir todo el problema a decidir qué comunidad autónoma recibe cincuenta, cien o doscientos menores.

El reparto territorial puede aliviar el colapso de Ceuta. Seguramente será necesario.

Pero repartir una emergencia no equivale a resolverla.

Desde APFS conocemos demasiado bien algo que sucede también en otros ámbitos: cuando los adultos entramos en conflicto, existe una enorme tendencia a discutir sobre competencias, procedimientos y responsabilidades mientras el niño queda en medio.

En una separación ocurre entre dos progenitores.

Aquí intervienen dos Estados, administraciones distintas y un problema migratorio de una dimensión extraordinariamente mayor.

No son situaciones comparables.

Pero hay un principio que sí debería servir exactamente igual:

Un menor no puede convertirse en instrumento de los conflictos de los adultos. 

• Ni del conflicto político español.
• Ni de las tensiones entre comunidades autónomas.
• Ni de las relaciones diplomáticas entre España y
• Ni de los intereses migratorios de uno u otro lado de la
• Y tampoco deberíamos utilizar a estos niños para enfrentar a los menores extranjeros con los españoles.

España debe protegerlos porque están bajo nuestra responsabilidad. Punto.

Pero esa misma sensibilidad debería servirnos también para preguntarnos si nuestro sistema dispone siempre de medios suficientes cuando se toman decisiones trascendentales sobre cualquier menor, sea marroquí, español o de cualquier otra nacionalidad.

El interés superior del menor no puede ser una expresión solemne que repetimos en ruedas de prensa.

• Tiene que significar
• Significa escuchar al niño.
• Investigar su historia.
• Conocer a su familia.
• Disponer de fiscales, trabajadores sociales, psicólogos y profesionales
• Significa no abandonarlo.
• Pero significa también no arrancarlo innecesariamente de sus vínculos familiares.
• Ceuta necesita ayuda.

Ceuta necesita ayuda y el resto de España tiene la obligación de prestársela. Pero esta crisis no puede recaer exclusivamente sobre nuestros hombros. Marruecos debe asumir también la responsabilidad que le corresponde respecto de sus menores y colaborar, sin demoras ni excusas, en su identificación, en la localización de sus familias y en la búsqueda de una solución para cada uno de ellos.

Si afirma que quiere recibir a sus menores, debe colaborar de manera inmediata, documentada y efectiva para determinar quiénes son esos niños y dónde están sus familias.

Después habrá que estudiar cada caso de manera individual. Algunos menores podrán regresar con sus familias, mientras que otros tendrán que permanecer en España porque sus circunstancias así lo aconsejen. Habrá quienes encuentren al otro lado de la frontera a unos padres que los esperan y habrá también situaciones mucho más complejas en las que la protección deba mantenerse aquí.

Otros quizá descubran que España deberá convertirse durante algún tiempo en el lugar que los proteja.

No existe una solución idéntica para 1.342 historias diferentes.

Y quizá ese sea el mayor error que podemos cometer: buscar una única respuesta para todos.

Porque antes de ser inmigrantes, antes de ser marroquíes, antes de convertirse en expedientes administrativos y mucho antes de transformarse en motivo de enfrentamiento político, son niños.

Y protegerlos exige algo más difícil que abrir una puerta o cerrarla. Exige averiguar qué hay detrás de ella.