Ceuta pide al Estado “medidas estructurales” ante la presión migratoria

El Gobierno de Vivas ha contactado con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuya titular, Elma Saiz, prevé visitar la ciudad la próxima semana, para pedirle un encuentro “personal y urgente” en Ceuta o en Madrid con el propósito de abordar la crisis migratoria desatada desde principios de febrero que ha desbordado la capacidad de acogida de menores extranjeros no acompañados y ha puesto al CETI al límite de su capacidad máxima operativa.

Fuentes del Ejecutivo local han explicado que el presidente de la Ciudad ha transmitido directamente al departamento que dirige la política navarra la necesidad de que el Estado implemente “medidas estructurales específicas” de índole legal u operativo y que no dependan del país vecino con el fin de atender la situación de “emergencia” de Ceuta y Melilla.

Vivas, que ya se ha visto con Marlaska, quiero hacerlo también con Saiz y Albares

La alerta trasladada por Vivas da continuidad a la posición que el consejero de Presidencia del Gobierno de Ceuta, Alberto Gaitán, ya planteó en la última Conferencia Sectorial de Migraciones de la semana pasada. En menos de dos días el cuadro ha empeorado: el Servicio de Protección a la Infancia de la Ciudad ya acoge a más de 280 niños migrantes solos y se ha visto obligado a reabrir el alojamiento de Piniers que se puso en marcha en pandemia y se utilizó para atender a los cientos de menores que se quedaron tras la crisis migratoria de mayo de 2021.

Coyunturalmente la administración local choca con la falta de agilidad de los protocolos establecidos para la derivación de esos jóvenes a la península, ya que los correspondientes planes de contingencia tardan al menos tres meses en concretarse y se topan con el rechazo generalizado de la mayoría de autonomías a hacerse cargo de menores extranjeros no acompañados procedentes de otras regiones antes incluso de entrar a analizar si la financiación estatal para hacerlo es suficiente.

Las vidas, “lo primero”

En ese escenario la Ciudad teme encontrarse antes de fin de año con medio millar de chicos foráneos bajo su tutela, cuatro veces más de su capacidad límite (132) incluso en situaciones de crisis, si los condicionamientos estructurales no cambian y Marruecos mantiene su aparente anuencia a la hora de controlar la presión migratoria procedente de sus playas, desde las que menores y adultos “se juegan y pierden la vida en las peores condiciones meteorológicas posibles, lo primero que debe obligarnos a actuar, para llegar a Ceuta”.

La “situación límite” a la que se asoma Ceuta de nuevo es el resultado de varios factores no solo cuantitativos y se vuelve “doblemente preocupante” por el evidente cambio de actitud de las Fuerzas de Seguridad del Reino alauita, que durante un mes y medio se negó a aceptar el retorno inmediato de sus nacionales mayores de edad interceptados intentando acceder irregularmente a la ciudad.

La Ciudad espera que se adopten “medidas específicas legales y operativas”

A mediados de marzo el país vecino corrigió esa postura, pero en cada episodio de temporal las llegadas a Benzú y el Tarajal se cuentan por decenas cada 24 horas y el Estado no parece tener herramientas de coordinación ni para contener esa presión que Rabat ha utilizado históricamente de manera cíclica en función de sus intereses puntuales ni para digerirla en términos de país con celeridad.

“Hacen falta medidas específicas legales y operativas del Estado para Ceuta y Melilla, únicas fronteras terrestres de la UE en África, antes de que esta deriva nos arrastre de nuevo a situaciones de emergencia humanitaria y colapso a las que ya nos estamos aproximando”, resumen desde el Gobierno de la Ciudad.

La situación se vuelve “doblemente preocupante” por la actitud de Marruecos

El presidente, que ya se ha visto con el ministro del Interior y espera hacerlo también cuanto antes además de con Saiz con el de Asuntos Exteriores, y el consejero de Presidencia, Alberto Gaitán, llevan “meses” reivindicando “soluciones eficaces para la situación de la inmigración de menores y adultos, de refuerzo de la frontera, de control de los puntos de entrada más permeables y de agilización de las derivaciones hacia otros territorios a partir del principio constitucional de solidaridad entre regiones”.