El director del CETI de Ceuta, Antonio Bautista, se quedó prácticamente sin defensores.
La polémica sobre la gestión que habría desempeñado tras la denuncia presentada por una enfermera contra un residente por una agresión sexual, caso que derivó finalmente a unas coacciones, llevó a que el mismo PSOE ‘pidiera’ su cabeza.
Dos meses después, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está más preocupado por otras cosas que por valorar su posible cese.
En declaraciones a este periódico, el Ministerio indica que “ahora mismo la prioridad es la de poder gestionar la atención a todas las personas que llegan, dada la situación actual”.
Cómo hacer malabares para que un centro de 512 plazas acoja a más de mil es lo que importa al Gobierno de España, que no se plantea, por tanto, la prioridad de un cese.
El CETI ha sido objeto de una “ampliación temporal, puntual y extraordinaria” para poder atender este incremento producido en las llegadas de inmigrantes. La gestión del día a día es lo que se valora en estos momentos.
Bautista sigue al frente de la dirección, aunque sabe que no es querido, por ejemplo, por el propio partido que sostiene a la Delegación del Gobierno, el PSOE.
El propio secretario general del PSOE de Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, indicaba en rueda de prensa este pasado verano que el partido no lo apoyaba, “ni estamos contentos para nada con la dirección del CETI. Eso sí que lo tengo clarísimo”.
“Espero que se tomen las decisiones pertinentes cuanto antes porque no lo aprobamos, no estamos contentos, no tiene el apoyo del Partido Socialista, esto es evidente y estamos esperando que el Ministerio tome alguna decisión”.
Esa espera seguirá así, puesto que oficialmente las preocupaciones se centran en otros asuntos.
La investigación abierta busca verificar el cumplimiento de los protocolos y normas que rigen los centros del sistema de acogida.
La Secretaría de Estado de Migraciones ya recibió los testimonios e informes recopilados tras el incidente.
Esta documentación, proporcionada por la Delegación del Gobierno, incluiría tanto la versión de la víctima como la del agresor, así como la actuación de los responsables del centro en los momentos posteriores a la agresión.
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