La base del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, en pleno puerto deportivo, ha terminado por convertirse en un cementerio de narcolanchas, pequeñas semirrígidas y alguna patera de madera. También de restos que se mantienen a flote pero a riesgo de hundimiento y de decenas de motores intervenidos en el marco de operaciones de lucha contra el tráfico de drogas e inmigrantes. Es el resultado del trabajo hecho en unos meses de verano en los que se ha batido el récord, con intervenciones casi diarias que terminaron con detenciones de pasadores de inmigrantes o de gomeros que pretendían introducir grandes cantidades de hachís en la Península.
Los resultados estadísticos hablan por sí solos: se superan las 6 toneladas de hachís aprehendidas y son más de 500 las personas rescatadas en el mar, en su amplia mayoría marroquíes. Estadísticas traducidas en la hilera de embarcaciones que se han convertido en piezas judiciales, en medios de prueba que no pueden destruirse hasta la celebración de juicio. Y mientras eso no ocurre, la base del Servicio Marítimo termina convirtiéndose por obligación en un particular depósito judicial que le hace el trabajo a la Gerencia de Justicia, sin que se habilite una pronta solución. ¿Las consecuencias? Negativas y para todos. Para los propios guardias civiles que trabajan en un espacio en riesgo, lleno de embarcaciones, sin posibilidad de maniobra para sus propias patrulleras. Pero también para todos los ciudadanos por el peligro medioambiental derivado de posibles hundimientos, de pérdida de combustible o aceites que terminan contaminando el mar. O, lo más grave y temido: riesgo a que se produzca un incendio como ya ha ocurrido.
El trabajo del verano parece traducirse en el castigo derivado de tener una base oficial que más parece un cementerio de pateras y narcolanchas que otra cosa.
Tal y como ya denunció este periódico, el depósito de Benzú está al completo y bloqueado. En su interior hay embarcaciones y vehículos que arrastran más de 15 años de estancia sin que nadie haya ordenado su rápida salida o destrucción. Ante esto es imposible acoger el traslado de estas embarcaciones en Benzú.
Tampoco se han hecho gestiones con otros depósitos que, previo pago, asumirían esta retirada. Estas embarcaciones constituyen un género prohibido, no pueden subastarse porque tampoco pueden emplearse, tal y como quedó concretado en un real decreto que las consideró ilegales. Su único destino posible es la destrucción, pero la Administración no funciona al mismo ritmo que las fuerzas de seguridad, lo que genera un serio problema. Lo hace en Ceuta pero, con mayor virulencia, también en el Campo de Gibraltar, en donde ya la Guardia Civil no dispone de sitio para guardarlas.
Hace unos meses se pudo liberar parte de las embarcaciones que había en el puerto deportivo, pero esto no sirvió para aliviar una situación de bloqueo nada adaptada al nivel de trabajo que desarrollan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su lucha contra la delincuencia.
