La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) ha pedido la eliminación de la autorización de bienes inmuebles de la Delegación del Gobierno.
Lo exige tras la jornada de trabajo celebrada el pasado 23 de septiembre junto a la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), encuentro que se ha aprovechado para trasladar al Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública la necesidad de eliminar de manera inmediata esa autorización previa de la Delegación del Gobierno para operaciones de compra, hipoteca y ejecución de obras en Ceuta.
Esta autorización se deriva de una ley preconstitucional, la Ley 8/1975, y el posterior Reglamento de Ejecución, una norma de hace más de 35 años.
La constitucionalidad de esta traba administrativa no es la primera vez que se pone en entredicho, tal y como recogen dictámenes como la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 19 de octubre de 2017, en el que se plantea la vulneración del principio constitucional de igualdad (artículo 14 de la C.E.).
Un requisito que solo existe también en Melilla
Tal y como explica en una nota de prensa la Delegación, este requisito, que no existe en ningún otro territorio de España excepto en Melilla, constituye una traba administrativa que “ralentiza la actividad económica, grava injustamente la burocracia para empresas, autónomos y ciudadanos, y sitúa a Ceuta en una posición de clara desventaja frente al resto del país”.
Su mantenimiento, denuncia la CECE, perpetúa “una discriminación institucional que obstaculiza la inversión, el emprendimiento y la competitividad local”.
La CECE ha trasladado esta reivindicación al Ministerio como “una de las prioridades urgentes para que la Administración General del Estado alivie la carga burocrática de los ciudadanos de Ceuta y mejore el entorno económico de la ciudad”, añade en una nota de prensa.
Esta norma discrimina (y mucho) a los ceutíes y melillenses frente al resto de España. Seguro que el PSOE ya la hubiera quitado si se lo hubiera "pedido" el prófugo malversador Puigdemont. El PSOE atendiendo a delincuentes fugados, antes que a los ciudadanos.
Esta norma es la misma que existe en otros países de nuestro entorno.
El catastro lo inventó el Marqués de la Ensenada.
El Código Civil tiene su origen en 1889.
A día de hoy se sigue estudiando el derecho romano.
Parece que lo único es el interés de alguno.
Quizás el problema resida en la igualdad de todos los españoles. Si la norma es la misma, que se aplique en toda España. Si no, da igual de qué época sea, lo que hay es discriminación de ceutíes y melillenses, y hay que eliminar esa discriminación. Parece que lo que de verdad hay es tirar balones fuera en algunos comentarios para no abordar la verdadera raíz del problema.