EFE
La investigación del denominado caso Leire da un nuevo paso con una decisión de gran calado judicial. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, quienes deberán comparecer como investigados el próximo 16 de julio por presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra la Administración de Justicia.
La decisión llega después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara formalmente la imputación de ambos responsables del Instituto Armado dentro de una causa que investiga las supuestas actuaciones impulsadas por la exmilitante socialista Leire Díez para promover pesquisas contra la Unidad Central Operativa (UCO).
Según las fuentes jurídicas consultadas por EFE, el magistrado considera que existen indicios suficientes para citar como investigados tanto a Mercedes González como a Manuel Llamas, aunque subraya que será la instrucción la que determine el alcance definitivo de las posibles responsabilidades.
En la resolución, el juez sostiene que, "prima facie", los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito continuado de prevaricación administrativa y de un delito contra la Administración de Justicia.
La causa se centra en las presuntas maniobras desarrolladas por Leire Díez para impulsar una investigación interna contra la UCO por las supuestas filtraciones relacionadas con distintos procedimientos judiciales que afectan al Gobierno y por las presuntas presiones ejercidas sobre los agentes encargados de esas investigaciones.
La decisión del magistrado se produce apenas unas horas después de que la acusación popular, encabezada por el Partido Popular, reclamara también la imputación del exdirector general de la Guardia Civil Leonardo Marcos.
No obstante, Pedraz ha rechazado, por el momento, citarle como investigado, al considerar que la conducta atribuida a Marcos no encaja, por sí sola, en ningún tipo penal, aunque deja abierta la posibilidad de revisar esa decisión si aparecen nuevos elementos durante la instrucción.
La resolución judicial llega después de las declaraciones prestadas la pasada semana por varios altos mandos de la Guardia Civil en calidad de testigos.
Entre ellos compareció el exjefe de la UCO, Rafael Yuste, quien ratificó ante el magistrado que el director adjunto operativo, Manuel Llamas, trasladó a la unidad la necesidad de "ponerse de perfil" y de no ser "proactivos" en aquellos asuntos con afectación política.
Pese a ello, Yuste también señaló durante su declaración que los responsables de la UCO no llegaron a sentirse presionados para modificar el desarrollo de las investigaciones que tenían en marcha.
Estas manifestaciones han sido uno de los elementos que han llevado a la Fiscalía Anticorrupción a solicitar la imputación de ambos responsables del Instituto Armado.
La directora general de la Guardia Civil ya compareció el pasado 16 de junio en el Senado, donde negó de forma tajante haber participado en ninguna actuación contra la UCO.
Durante aquella intervención aseguró que "jamás" había formado parte de ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa ni contra ninguno de sus agentes.
Asimismo, rechazó que sus encuentros con Leire Díez estuvieran relacionados con investigaciones internas o con actuaciones dirigidas contra la unidad especializada.
Sin embargo, la investigación de la UCO sostiene que ambas mantuvieron tres reuniones entre septiembre de 2024 y abril de 2025, encuentros que ahora forman parte del procedimiento judicial.
Uno de los aspectos que más interés ha despertado dentro de la investigación son los mensajes intercambiados entre Leire Díez y Mercedes González.
Según los informes incorporados a la causa, la UCO considera que la directora general era conocedora de la actividad desarrollada por la exmilitante socialista y sospecha que esta pudo influir en la apertura de una información reservada destinada a investigar si la propia UCO había sido responsable de la filtración de unos mensajes de WhatsApp entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicados por el diario El Mundo.
Los investigadores destacan además que, tras la publicación de esas conversaciones, ambas intercambiaron varios mensajes que posteriormente fueron eliminados.
El informe de la UCO sostiene que el primero de esos mensajes resulta compatible con el borrado de una conversación anterior, mientras que el segundo refleja que Mercedes González activó el sistema de eliminación automática de mensajes con una cadencia de 24 horas, una circunstancia que también forma parte de los indicios analizados por el juez.
Con esta decisión, el caso entra en una nueva fase procesal. Mercedes González y Manuel Llamas deberán comparecer el próximo 16 de julio ante el juez Santiago Pedraz para prestar declaración como investigados.
La instrucción continúa abierta y será a partir de esas comparecencias cuando el magistrado valore si los indicios existentes permiten seguir avanzando en el procedimiento o si resulta necesario practicar nuevas diligencias para esclarecer el alcance de las actuaciones investigadas.
La causa mantiene el foco sobre las supuestas gestiones realizadas para promover investigaciones internas contra la UCO y sobre el papel que pudieron desempeñar distintos responsables de la Guardia Civil en esos hechos, mientras la Audiencia Nacional continúa recopilando pruebas y testimonios antes de adoptar nuevas decisiones judiciales.
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