El viento entra por las ventanas vacías, en realidad por todos los huecos que presenta este espacio olvidado y recorre unos pasillos que hace décadas dejaron de escuchar voces en Ceuta. La vegetación ha ido ganando terreno allí donde antes hubo vigilancia, barrotes, represión y puertas cerradas.
Desde el exterior, la antigua cárcel de mujeres del Sarchal parece un edificio más de los muchos vestigios militares que salpican la geografía de Ceuta. Sin embargo, quienes conocen su historia saben que no se trata de una construcción cualquiera. Entre estos muros se desarrolló uno de los capítulos más duros y menos conocidos de la represión franquista en la ciudad.
Su estado de ruina sorprende tratándose de un Bien de Interés Cultural, un BIC, cuyo pasado nos remonta al siglo XVIII y un origen eminentemente militar, como buena parte de las construcciones de Ceuta: la cárcel de mujeres de la represión franquista fue inicialmente el Fuerte del Sarchal, construido cerca del Hacho con fines defensivos. Precisamente junto al penal del Monte Hacho, son los puntos negros de la historia de Ceuta.
Noventa años después del golpe militar de julio de 1936, la prisión continúa observando el paso del tiempo frente al mar, convertida en una ruina que amenaza con desaparecer mientras la memoria de quienes estuvieron allí lucha por sobrevivir.
El deterioro físico del inmueble y el desconocimiento que todavía existe sobre su pasado han terminado convirtiéndolo en una metáfora suficientemente perfecta de la relación que Ceuta mantiene con una parte incómoda de su propia historia.
Porque más allá de las piedras, las humedades y los muros negros por el fuego y resquebrajados por dejadez, la antigua cárcel del Sarchal representa algo mucho más profundo.
Representa la memoria de centenares de mujeres que fueron detenidas, juzgadas, encarceladas, exiliadas o humilladas por defender unas ideas políticas, por participar en organizaciones obreras o simplemente por pertenecer a familias consideradas desafectas al nuevo régimen surgido tras la sublevación militar.
Durante décadas, aquellas historias permanecieron encerradas en expedientes judiciales, archivos militares y recuerdos familiares transmitidos en voz baja. Hoy comienzan a salir a la luz gracias al trabajo de investigadores, historiadores y docentes que consideran imprescindible recuperar ese pasado antes de que desaparezca definitivamente.
Cuando la sublevación militar triunfó en Ceuta el 17 de julio de 1936, la maquinaria represiva comenzó a funcionar de manera inmediata. La ciudad quedó rápidamente bajo control de los militares sublevados y, desde ese mismo momento, cualquier persona identificada con la legalidad republicana pasó a convertirse en sospechosa.
La represión afectó a hombres y mujeres, pero las investigaciones realizadas durante los últimos años han permitido comprender que ellas sufrieron un castigo específico que iba más allá de la persecución política.
Paco Sánchez, que ha dedicado años al estudio de la represión femenina en Ceuta a través de la consulta de más de quinientos consejos de guerra conservados en el Archivo Intermedio Militar, sostiene que aquellas mujeres fueron castigadas por una doble condición: por sus ideas y por haber desafiado el papel que el franquismo reservaba para ellas.
En sus conclusiones, señala que fueron consideradas "inadecuadas" y "transgresoras" por el nuevo régimen. No solo se perseguía una ideología. También se combatía una forma distinta de entender el papel de la mujer en la sociedad.
La Segunda República había abierto espacios inéditos para la participación femenina en la vida pública. Las mujeres habían comenzado a incorporarse con mayor presencia a organizaciones políticas, sindicatos, asociaciones culturales y movimientos sociales. Para los sublevados, aquello representaba una amenaza que debía ser erradicada.
La cárcel del Sarchal se convirtió en una de las herramientas destinadas a lograr ese objetivo.
Hasta allí fueron conducidas maestras, sindicalistas, obreras, amas de casa, funcionarias y militantes políticas. Algunas habían participado activamente en movimientos de izquierdas. Otras simplemente habían mostrado simpatía por la República. En muchos casos bastó con aparecer en una fotografía, figurar en una lista de afiliadas o mantener vínculos familiares con personas perseguidas.
Uno de los episodios que mejor explica la magnitud de la persecución tuvo lugar poco después del golpe militar.
La detención de José Torres, secretario general del Socorro Rojo Internacional en Ceuta, permitió a las nuevas autoridades acceder a documentación con nombres y domicilios de numerosas afiliadas. Aquellos listados se convirtieron en una guía para las detenciones posteriores.
Según explica Paco Sánchez, a partir de ese momento las autoridades tenían buena parte del trabajo hecho. Ya conocían quiénes eran y dónde vivían muchas de las mujeres vinculadas a organizaciones republicanas y obreras. Las detenciones comenzaron a multiplicarse.
Muchas de ellas procedían de barrios humildes como el Sarchal, Las Latas, Huerta Martínez, Patio Centenero así como distintas zonas del Recinto.
En otros casos, la causa de la detención era todavía más difusa. Existieron denuncias vecinales, acusaciones motivadas por enemistades personales o simples sospechas sin apenas fundamento.
Como ocurrió en tantos lugares durante la Guerra Civil, la violencia política terminó mezclándose en ocasiones con viejos rencores, disputas familiares o conflictos cotidianos.
Uno de los elementos más llamativos de la investigación desarrollada por Sánchez es el papel que desempeñaron las imágenes del Primero de Mayo de 1936.
Aquella jornada reunió a numerosos trabajadores y simpatizantes de organizaciones de izquierda en las calles de Ceuta. Las manifestaciones fueron fotografiadas.
Meses después, aquellas instantáneas acabarían teniendo consecuencias dramáticas.
Muchas mujeres fueron identificadas gracias a esas imágenes y posteriormente procesadas. Cuando comparecían ante las autoridades, las fotografías se convertían en pruebas prácticamente irrefutables. Allí aparecían. Participando en actos públicos. Defendiendo sus ideas. Ejerciendo derechos que hasta entonces eran perfectamente legales.
Lo que durante la República había sido una expresión legítima de participación política se transformó de la noche a la mañana en motivo de persecución.
La antigua prisión del Sarchal fue mucho más que un lugar de reclusión. Para numerosos investigadores representa uno de los ejemplos más evidentes de la represión específica ejercida contra las mujeres.
Aquellas ceutíes no solo eran castigadas por su actividad política. También eran humilladas por haber roto los límites que el franquismo establecía para la feminidad.
El régimen pretendía devolverlas al espacio doméstico, alejarlas de cualquier protagonismo público y reforzar un modelo basado en la obediencia, la religión y la subordinación.
La Sección Femenina, la Iglesia y el sistema educativo desempeñaron un papel fundamental en la difusión de esos valores.
Mientras tanto, mujeres que durante la República habían comenzado a participar activamente en la vida social eran convertidas en ejemplo de lo que no debía hacerse.
La historia de la cárcel no puede entenderse únicamente a través de cifras. Detrás de cada expediente existe una vida. Una familia. Un proyecto interrumpido. Una ausencia.
Las investigaciones realizadas durante los últimos años han permitido recuperar decenas de nombres que durante mucho tiempo permanecieron ocultos. Algunas de aquellas mujeres eran figuras conocidas. Otras habían llevado vidas completamente anónimas hasta que la guerra las colocó en el centro de una tragedia colectiva. Todas compartían algo en común. Formaban parte de los vencidos.
Entre todos los nombres recuperados por los investigadores, ninguno posee una carga simbólica tan poderosa como el de Antonia Céspedes Gallego.
Conocida como La Latera, trabajaba en las antiguas fábricas conserveras instaladas junto al litoral ceutí. Su actividad sindical estuvo orientada a mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras.
Reclamaba cuestiones que hoy parecen elementales: jornadas dignas, mejores salarios y condiciones higiénicas adecuadas. Aquellas reivindicaciones la situaron en el punto de mira.Tras el golpe militar fue detenida y encarcelada. En febrero de 1937 fue sacada de prisión. Poco después apareció muerta.
Su asesinato la convirtió en uno de los principales símbolos de la represión franquista contra las mujeres en Ceuta.
Su nombre ha sido recuperado por investigadores y asociaciones memorialistas, pero quienes estudian su figura consideran que sigue siendo insuficientemente conocida por gran parte de la población.
Si Antonia Céspedes simboliza la represión sufrida por las mujeres obreras, Antonia Castillo representa otra de las pérdidas provocadas por la guerra y la dictadura.
Médica pionera, defensora de la salud laboral y divulgadora en cuestiones relacionadas con la educación sexual y la maternidad, desarrolló una trayectoria extraordinariamente avanzada para su tiempo.
Antes de la guerra ya impartía conferencias dirigidas a mujeres trabajadoras y defendía la necesidad de mejorar la educación sanitaria de la población. Su compromiso con los valores republicanos la obligó a abandonar España.
Tras un largo periplo terminó estableciéndose en México, donde continuó ejerciendo su profesión. Su caso ilustra una de las consecuencias menos visibles de la represión: la pérdida de talento que sufrió el país al expulsar a una generación de profesionales, docentes e intelectuales.
Entre los colectivos más castigados por la represión franquista destacaron las maestras. No fue casualidad. La educación había sido uno de los grandes proyectos transformadores de la Segunda República y las docentes encarnaban buena parte de los cambios que aquella etapa impulsó.
Para Silvia Cazalla, profesora e investigadora de la Universidad de Granada en Ceuta, las maestras representaban una nueva forma de entender el papel de la mujer.
Eran mujeres formadas, económicamente independientes y con una enorme influencia social. Por eso fueron perseguidas. La depuración afectó a numerosas docentes en toda España y también en Ceuta. Algunas fueron expulsadas definitivamente del sistema educativo. Otras consiguieron regresar años después. Muchas tuvieron que reinventar sus vidas lejos de las aulas.
La historia de Esther Serruya, asesinada tras el golpe militar, constituye uno de los ejemplos más dramáticos de aquella persecución.
Si existe un elemento que une a Paco Sánchez, Ramón Galindo y Silvia Cazalla es la preocupación por el estado actual de la antigua prisión. Los tres coinciden en que el edificio posee un enorme valor histórico. Y todos consideran que ese valor no está siendo protegido como merece. La paradoja resulta evidente.
Mientras aumentan las investigaciones y se multiplican los esfuerzos por recuperar la memoria de las represaliadas, el espacio que mejor simboliza aquella historia continúa deteriorándose año tras año.
Ramón Galindo considera que la cárcel reúne todas las características de lo que los especialistas denominan un “lugar de memoria”. Es decir, un espacio donde se concentra una experiencia histórica traumática y que ayuda a comprender el pasado de una comunidad.
Sin embargo, quien visite hoy el recinto difícilmente podrá identificar esa dimensión.
La ausencia de señalización, la falta de intervenciones de conservación y el progresivo deterioro del edificio contribuyen a invisibilizar aún más una historia que durante décadas ya permaneció oculta.
Para Silvia Cazalla, la recuperación de la memoria histórica no consiste únicamente en recordar nombres. También implica generar herramientas que permitan comprender el pasado. Por eso, defiende la creación de espacios de interpretación y programas educativos vinculados a la cárcel.
Desde hace años desarrolla itinerarios didácticos centrados en la memoria democrática.
Uno de ellos, denominado Los pasos de las silenciadas, recorre algunos de los principales escenarios relacionados con la represión femenina en Ceuta. La antigua cárcel constituye una parada fundamental.
Su experiencia con estudiantes le ha permitido comprobar que gran parte de las nuevas generaciones desconocen por completo lo que ocurrió allí.
Y precisamente por eso considera imprescindible actuar antes de que el paso del tiempo termine borrando definitivamente las huellas materiales del lugar.
La pregunta aparece constantemente durante las conversaciones con historiadores, investigadores y docentes.
¿Qué debe hacerse con la antigua cárcel del Sarchal? Las respuestas pueden variar en los detalles, pero coinciden en lo esencial.
Nadie propone conservar únicamente unas ruinas. Lo que defienden es recuperar un espacio capaz de explicar una parte fundamental de la historia de Ceuta.
Un lugar donde las nuevas generaciones puedan comprender qué ocurrió tras el golpe militar de 1936. Un lugar donde los nombres de aquellas mujeres dejen de estar confinados a expedientes judiciales o trabajos académicos. Un lugar donde la memoria tenga una presencia visible.
Porque, en realidad, el debate trasciende el edificio. La cuestión de fondo es qué relación desea mantener la ciudad con su propio pasado.
Noventa años después del inicio de la Guerra Civil, la antigua cárcel de mujeres sigue en pie. Deteriorada, silenciosa y cada vez más vulnerable al paso del tiempo. Mientras sus muros continúan desmoronándose frente al mar, las historias de quienes pasaron por allí comienzan, poco a poco, a regresar.
Quizá la verdadera paradoja de este lugar sea que durante décadas sirvió para encerrar personas y silenciar ideas, y que hoy sea precisamente el silencio el principal enemigo contra el que todavía lucha.
La ausencia de una memoria pública sobre lo ocurrido en la cárcel del Sarchal preocupa especialmente a quienes llevan años investigando este capítulo de la historia ceutí. Para Paco Sánchez, el problema ya no es únicamente el desconocimiento de los hechos, sino la normalización de ese desconocimiento.
“Hay generaciones enteras que no saben qué fue este lugar ni quiénes estuvieron encerradas aquí”, lamenta. “Y cuando una sociedad desconoce su pasado, corre el riesgo de aceptar relatos simplificados o directamente falsos sobre lo que ocurrió”.
El investigador considera que durante décadas la historia de las mujeres represaliadas quedó reducida al ámbito familiar. Sus nombres apenas aparecían en los libros, no existían espacios dedicados a ellas y muchas de sus vivencias permanecieron confinadas a la memoria privada de hijos y nietos.
“Durante mucho tiempo se habló de generales, de batallas y de acontecimientos militares, pero apenas se habló de las mujeres que fueron encarceladas, humilladas o expulsadas de sus trabajos. Parecía que no hubieran existido”. Para Sánchez, recuperar estas historias no responde a una cuestión ideológica ni partidista, sino a una necesidad democrática.
“Se trata de conocer la verdad de lo que pasó. No de reabrir heridas, sino de entender cómo se produjeron determinados acontecimientos y qué consecuencias tuvieron para miles de personas”.
Ramón Galindo comparte esa preocupación y va un paso más allá. A su juicio, el deterioro físico de la cárcel es también el reflejo de una falta de compromiso colectivo con la memoria histórica.
“Hay una tendencia muy peligrosa a banalizar o blanquear determinados episodios del pasado”, sostiene. “Cuando desaparecen los lugares de memoria y desaparecen también los relatos que explican lo que ocurrió en ellos, se crea un terreno muy favorable para la tergiversación histórica”.
El historiador recuerda que las democracias europeas han entendido desde hace décadas la importancia de conservar espacios vinculados a la represión y a las violaciones de derechos humanos.
“En muchos países estos lugares se protegen porque ayudan a comprender el valor de la democracia. Aquí todavía seguimos discutiendo si merece la pena recordar”.
A su juicio, el debate no debería centrarse en si conservar o no estos espacios, sino en cómo utilizarlos para construir ciudadanía.
"No se trata de levantar monumentos a nadie. Se trata de explicar qué pasó. De enseñar que hubo mujeres que fueron encarceladas por defender ideas democráticas, por reclamar derechos laborales o simplemente por no encajar en el modelo social que imponía la dictadura".
La preocupación por el desconocimiento de las nuevas generaciones aparece también en las reflexiones de Silvia Cazalla. Su trabajo con estudiantes universitarios le ha permitido comprobar hasta qué punto muchos jóvenes desconocen hechos fundamentales relacionados con la Guerra Civil y la represión posterior.
"Cuando visitamos estos espacios, muchos alumnos se sorprenden porque nunca habían escuchado hablar de estas mujeres", explica.
La docente e investigadora considera que la falta de conocimiento histórico genera una enorme vulnerabilidad frente a discursos simplistas que circulan con facilidad en redes sociales.
"Cuando no conoces la historia, es mucho más fácil aceptar mensajes que relativizan o justifican determinadas vulneraciones de derechos". Por eso insiste en que la memoria histórica debe entenderse también como una herramienta educativa.
“No se trata únicamente de recordar el pasado. Se trata de comprender cómo se pierden los derechos y cómo se conquistan”.
Una de las ideas que más se repite entre quienes investigan este periodo es la necesidad de humanizar las cifras.
Detrás de los expedientes consultados por Paco Sánchez no hay únicamente documentos judiciales. Hay mujeres concretas. Mujeres con nombre y apellidos. Mujeres con familias. Mujeres que tenían profesiones, proyectos y vidas que quedaron truncadas.
"Necesitamos ponerles rostro", insiste el investigador. "Necesitamos que la gente sepa quiénes fueron Antonia Céspedes, Esther Serruya, Antonia Castillo y tantas otras. Porque cuando hablamos de números corremos el riesgo de deshumanizar lo que ocurrió". Ramón Galindo comparte esa visión. "La memoria empieza cuando somos capaces de identificar a las personas. Cuando dejamos de hablar de forma abstracta y comprendemos que detrás de cada expediente había una vida".
Para el historiador, ese ejercicio resulta especialmente importante en el caso de las mujeres, cuya experiencia quedó durante décadas relegada a un segundo plano incluso dentro de los estudios sobre la represión franquista.
"Durante mucho tiempo se investigó qué les ocurrió a los hombres. Era necesario hacerlo. Pero las mujeres aparecían casi siempre como personajes secundarios, cuando en realidad sufrieron una represión específica por el simple hecho de ser mujeres".
Tanto Sánchez como Galindo coinciden en una reflexión que atraviesa todo el debate sobre la memoria histórica: los derechos actuales no surgieron de manera espontánea.
Las libertades políticas, la igualdad jurídica, el acceso de las mujeres a la educación o la participación pública son conquistas que tuvieron detrás generaciones de personas que asumieron riesgos y sufrieron persecución.
"Muchas de las mujeres que estuvieron aquí encarceladas defendían cuestiones que hoy consideramos normales", recuerda Sánchez. "Defendían mejores condiciones laborales, acceso a la educación, participación política o igualdad de derechos". Por eso considera especialmente importante rescatar sus historias.
“No estamos hablando únicamente de víctimas. Estamos hablando también de mujeres que contribuyeron a construir una sociedad mejor y más democrática”.
Galindo coincide. "Si hoy disfrutamos de determinados derechos y libertades es porque hubo personas que lucharon por ellos. Conocer esa historia no es mirar hacia atrás. Es entender de dónde venimos para saber qué queremos conservar en el futuro".
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