“La familia de Víctor, al que se recuerda como lo que fue un buen amigo, un buen compañero, un padre y marido excelente y una buenísima persona, tan sólo espera que la ambición de alguien no haga recaer la responsabilidad sobre quien ya no puede declarar y defenderse”, denuncia. “Casi dos años después, sólo deseamos conocer realmente lo que pasó, que finalicen las investigaciones del juzgado, conocer su resultado y poder curar algún día esas heridas emotivas, porque lo que sí es seguro es que nadie podrá devolver jamás a ese padre y ese marido a esta familia cuyas esperanzas e ilusiones, quedaron truncadas un fatídico 2 de marzo de 2010”, añaden.
Los últimos datos conocidos en torno a la investigación judicial no ayudan a levantar el ánimo de los familiares de Lantarón. Lo último conocido del proceso lo avanzaba este medio en anterior edición, resumido en el interés de la Fiscalía de solicitar que se le informe sobre el protocolo que seguía la empresa para la destrucción de los explosivos en aras a conocer si se respetó o no. “¿Se necesita que hayan pasado casi dos años para solicitar estos informes?”, cuestionan los familiares. “Aún no se ha tomado declaración a uno de los testigos presenciales, ¿no es esto una muestra de la lentitud de la Justicia?”, añaden. “Es evidente que cuanto mas tiempo pase, más difícil será esclarecer las causas del accidente”.
Interrogantes que quedan en el aire
Las investigaciones desarrolladas en torno a la explosión de Fuerte Mendizábal han dejado en el camino varias dudas. Con el fallecimiento de quien fuera el director facultativo de las obras parece como si quisiera darse carpetazo a uno de los accidentes más graves registrados en la ciudad en el ámbito de la construcción. La Fiscalía ha seguido el curso de las investigaciones solicitando pruebas, documentos, testificales... pero a fecha de hoy no se conocen imputados ni datos sobre posibles responsabilidades. Las compañías aseguradores evitaron hacer frente a cualquier responsabilidad de pago.
