El portavoz del Gobierno, Emilio Carreira, acusó a los socialistas de haber indicado al ejecutivo de Juan Vivas que repercutieran el precio de la producción de agua en la desaladora en el recibo de todos los ceutíes, cuando dieron la orden para la desaparición de los cuatro millones de subvención destinada a sufragar el coste.
Además, manifestó que existía documentación sobrada para demostrar que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tenía esa intención, una vez que esos cuatro millones iban a pasar a mejor vida. Comentó que si por parte del Gobierno ceutí se hubiera tomado esa decisión, en vez de seguir luchando para recuperarla, como se hizo con el Gobierno de Mariano Rajoy, nada más llegar al ejecutivo, el precio del recibo que se abona hoy en día sería el doble.
Problemas
Hay que recordar que los primeros problemas con la subvención a la producción de agua se produjo en el año 2007, cuando la Administración socialista, basándose en una decisión de la Unión Europea, cambió esos cuatro millones para la producción de agua en una subvención por la misma cantidad para la mejora de la red de abastecimiento, pero con un punto y final que era el treinta y uno de diciembre del año 2011. A pesar de todas las negociaciones que se produjeron durante esos cuatro años para que reconsideraran la postura, lo cierto es que la negativa fue rotunda. Y hubo que esperar hasta que se produjo el cambio en el Gobierno para la recuperación de la citada cantidad que se ha ido renovando anualmente desde el año 2012.
Sin embargo, a pesar de que se negaba el pan y la sal a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, argumentando que la UE se oponía a la entrega de ese dinero para la producción de agua desalada, se hacían diferencias con las Islas Canarias, donde cada año en los Presupuestos Generales del Estado incluían en cada ejercicio las cantidades puntuales para reforzar ese coste del agua procedente del mar.
Esos cuatros millones eliminados por el PSOE se unieron a los dos millones del convenio que existe con las asociaciones encuadradas en el CERMI y también el millón del convenio con Educación para la ayuda al estudio.
