Las autoridades locales de la ciudad de Tánger lanzaron este pasado miércoles una campaña para retirar y destruir cantidades de aceite de oliva que se vendía a 30 dírhams el litro, después de que los análisis de laboratorio demostraran que no era apto para el consumo humano.
Según informa el medio de comunicación online marroquí kechpresse.com, esta medida llega en “un momento delicado”, ya que los precios del aceite de oliva están registrando un notable aumento, lo que incrementa las posibilidades de que se comercialicen productos adulterados o falsificados.
Asimismo, señalan que varios informes señalan que algunos comerciantes aprovechan la subida de los precios del aceite de oliva, que normalmente oscila entre 40 y 60 dírhams por litro, para vender productos adulterados o falsificados a precios bajos.
“Estos productos pueden contener otros aceites vegetales o sustancias químicas dañinas”, indican mientras señalan que “con frecuencia, los aceites adulterados carecen de documentación o llevan etiquetas con información engañosa, lo que dificulta que los consumidores los distingan del aceite auténtico”.
El consumo de aceite de oliva adulterado puede provocar problemas graves de salud, como intoxicaciones alimentarias o efectos negativos en el aparato digestivo.
Desde el punto de vista económico, la proliferación de estos productos “daña la reputación del aceite local y perjudica a los agricultores y comerciantes legales que cumplen con las normas sanitarias”, explican.
Las autoridades locales, en coordinación con los cuerpos de seguridad y aduanas, están reforzando la vigilancia en mercados y almacenes para detectar y destruir los productos adulterados.
Por su parte, han recomendado a los consumidores adquirir el aceite de oliva en fuentes de confianza, como cooperativas certificadas o tiendas reconocidas, y verificar la presencia de certificados de calidad y documentación sanitaria en los productos.
Además, el tabloide del país vecino apunta que “la expansión del aceite de oliva adulterado en Tánger pone de relieve la necesidad urgente de reforzar la conciencia entre los consumidores y de intensificar los esfuerzos de control por parte de las autoridades competentes”.
“Mediante la cooperación entre productores, consumidores y organismos de supervisión, es posible reducir este fenómeno y garantizar la seguridad de los productos que circulan en los mercados”, finaliza.
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