El Gobierno de la Ciudad anunció ayer a través de su portavoz, Alejandro Ramírez, que licitará de inmediato para tenerlo adjudicado antes de que termine este año el servicio de transporte de residuos urbanos a la península que Urbaser viene prestando desde hace años con decretos de prórroga forzosa. Según indicó, la idea con la que trabaja es que la nueva concesión tenga un lustro de vigencia.
Se trata de un servicio esencial que no puede verse interrumpido, pero la planificación del Ejecutivo local no debe renunciar al compromiso adquirido para tener, antes de noviembre, aprobado el proyecto “para el traslado y sustitución de la actual planta para el tratamiento de residuos por otra en la que la mayor parte de dichos residuos sea objeto de reciclaje y reutilización”.
Se trata de un objetivo ambicioso y plausible que no cabe olvidar o demorar sine die, pues según el propio Gobierno de Vivas su implementación “supondría, por una parte, reducir de manera drástica el transporte a la península y, por otra, aumentar el empleo local asociado al funcionamiento de la misma”.
Con la limpieza pública en el centro del debate social y político, la gestión de los residuos debe recibir también la atención que merece para generar el mayor consenso de partida posible alrededor de la necesidad de reducir al máximo la generación de basuras y, a partir de ahí, incidir en la reutilización y reciclaje del volumen más amplio posible de residuos, tanto por motivaciones medioambientales como por potencial económico.
