Caballas ha mostrado su rechazo al ‘tasazo’ judicial que ha conseguido aprobar el PP toda vez que, con sólo los votos del grupo, ha conseguido el respaldo en el Senado tras su paso, en octubre, por el Congreso. Dice la coalición, a través de su muro en facebook -nueva fórmula que ha elegido para dar a conocer sus críticas y propuestas- que la política popular está dirigida “a perjudicar a los sectores más débiles de la sociedad. No existe democracia sin justicia. Y no existe justicia si ésta depende de los ingresos de los ciudadanos”, advierte.
La coalición se opone a este proyecto y se suma a la reacción popular de abogados y procuradores que ha habido en Ceuta y las más amplias que se han producido en distintos puntos del país.
“La justicia debe seguir siendo gratuita. Es la garantía fundamental de un estado de derecho. Las reformas del PP están llevando a la ciudadanía a una situación de absoluta indefensión. El PP está moldeando una sociedad elitista más propia de un tiempo que ya debía estar enterrado para siempre. Todos los derechos para los poderosos y ninguno para las personas humildes”, valoran.
¿Y qué supone esta nueva ley? Supone que, a partir de ahora, las personas que quieran recurrir ante los tribunales tendrán que pagar entre 50 y 750 euros en concepto de tasas judiciales.
Una vez aprobada, la norma se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor este mes para que pueda aplicarse ya al ciudadano, lo que hace que se cumplan por un lado las previsiones del Ministerio de Justicia de que la norma esté plenamente vigente el próximo año, y por otro, garantiza la eliminación de la paga extra de Navidad a jueces y fiscales, lo que se ha introducido en esta ley a última hora a través de una enmienda.
Hablando en cifras si por ejemplo alguien quiere presentar un recurso de apelación ante la Audiencia, deberá pagar 800 euros sólo por iniciarlo. En el caso de los juzgados de lo Civil, una demanda, por ejemplo por impago, llevará consigo una tasa de 150 euros. En este grueso se incluirían, por ejemplo, las típicas demandas que emprenden las comunidades de vecinos contra los propietarios morosos. ¿Y si quiere quejarse por una multa o alguna decisión adoptada por la administración? Por ejemplo si un conductor no está conforme con el criterio seguido por un guardia civil que le multó, tendrá que pagar 200 euros si quiere empezar un pleito.
Los trabajadores despedidos también tendrían que pagar 500 euros si están disconformes con una sentencia que le dé la razón a la empresa. Por cierto, que si alguien quiere interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, la broma se eleva a 1.200 euros.
