Refleja que la actual situación política deslegitima para seguir desarrollando esta ley.
Caballas solicitará al pleno de la Asasmblea que se anule del Real Decreto 310/2016 de 29 de Julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
En la exposición de motivos se indica que el Gobierno en funciones, del PP, ha aprobado el Real Decreto 310/2016 de 29 de Julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, que se conocen popularmente como las reválidas.
Indica que “la actual situación política y jurídica deslegitima al Gobierno un funciones para seguir desarrollando la LOMCE, sobre todo en los relativo a estas evaluaciones finales que han sido los elementos más rechazados de esta ley educativa; máxime cuando el Pleno del Congreso de los Diputados tomó en consideración, el pasado de abril, una proposición de ley para paralizar el calendario de implantación de la LOMCE, con 186 votos a favor. A este hecho hemos de añadir que el PP concurrió a las últimas elecciones con una Propuesta de Pacto Educativo. No es de recibo que siga actuando enrocado en una mayoría absoluta que, evidentemente ya perdió hace muchos meses. El Gobierno no tiene el consenso de las Comunidades Autónomas, ni de la Comunidad educativa, ni del Parlamento (que todavía no ha constituido la Comisión de Educación, Cultura y Deporte) para tomar una decisión de este calibre”.
Refleja que “a pesar de ello, ha legislado sobre una norma básica, diseñando unas pruebas largas, costosas, injustas y completamente inútiles para la educación que necesitan nuestros jóvenes. Se aplicarán pruebas homogéneas sobre realidades educativas muy heterogéneas, se cuestiona la labor docente desarrollada durante cuatro años en las ESO y dos en Bachillerato; y deja en el limbo educativo (condenados a repetir las pruebas exclusivamente) a los alumnos que no las superen. Las Comunidades Autónomas, incluidas algunas de las gobernadas por el Partido Popular, ya han mostrado su rechazo ante esta disparatada iniciativa anunciando, en algunos casos, el compromiso de no aplicar las pruebas si el Gobierno no atiende a razones. Esto puede provocar, como ya ha sucedido en situaciones parecidas, que los alumnos y alumnas ceutíes y melillenses, únicos bajo la gestión directa del MECD, queden como “conejillos de indias” de los despropósitos del Gobierno en materia educativa. Un episodio más de injusticia y agravio que añadir a la ya larga lista sufrida por esta Ciudad en este ámbito”.
