Representantes de Comisiones Obreras (CCOO) de Ceuta han asistido esta mañana a una reunión con el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a la que han sido convocados junto a otros sindicatos.
El encuentro se ha celebrado en la Delegación del Gobierno, y en él, el sindicato le ha trasladado al vicepresidente, y ministro de economía, sus principales reivindicaciones ante la situación económica y social que atraviesa la ciudad.
Por parte de CCOO de Ceuta han asistido el secretario general, Ángel Lara; la secretaria de negociación colectiva, Claudia González; y el secretario de Organización, Pablo Caballero.
Declaraciones de la ministra de Sanidad
En primer lugar, Lara ha transmitido al vicepresidente su malestar por las declaraciones de la ministra de Sanidad que daban a entender que las reivindicaciones de la ciudadanía ceutí para evitar una posible transmisión de enfermedades infecciosas eran xenófobas. También ha recalcado que situación vivida en nuestra ciudad a finales de julio fue un ataque a la soberanía territorial española.
Durante la reunión, CCOO ha planteado la necesidad de que el Gobierno central adopte medidas concretas y urgentes para hacer frente al impacto que la actual situación está teniendo sobre los servicios públicos, el empleo, las empresas y la ciudadanía de Ceuta.
Denunciar ante la UE y la ONU
Entre las reivindicaciones trasladadas se encuentra la petición de denunciar formalmente ante la UE y la ONU la situación generada por la entrada masiva de personas, así como solicitar sanciones económicas y diplomáticas contra Marruecos y compensaciones económicas por los daños ocasionados a Ceuta y a la economía española.
CCOO también ha reclamado valorar la constitución de Ceuta como Comunidad Autónoma. Asimismo, el sindicato ha alertado de que si no se soluciona rápidamente la situación actual, Ceuta puede convertirse en una ciudad de estancia temporal permanente para personas migrantes. Por ello, ha reclamado medios humanos y materiales suficientes para tramitar de forma inmediata los expedientes de expulsión y asilo.
Otro de los asuntos centrales ha sido el coste económico y social de la situación migratoria, sobre el que CCOO ha solicitado conocer el impacto económico que ha tenido para el Estado la entrada masiva y la permanencia de miles de personas en la ciudad.
El sindicato ha demandado recursos económicos para reforzar la atención y mejorar las condiciones laborales en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), en los centros de menores no acompañados y en los nuevos espacios habilitados.
Prorrogar el Plan Integral y mantener las bonificaciones
CCOO ha puesto también sobre la mesa la necesidad de prorrogar el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta, cuyo vencimiento está previsto para el 31 de diciembre, o establecer uno nuevo que permita mantener, entre otras medidas, las bonificaciones de las empresas en las cuotas de la Seguridad Social y su repercusión en las y los trabajadores del sector privado a través del plus de vinculación a la bonificación existente en muchos convenios ceutíes. El sindicato ha reclamado asimismo que esta bonificación se amplíe a otros sectores.
El sindicato considera necesario diagnosticar con datos oficiales los sectores afectados y establecer ayudas suficientes y adecuadas, vinculadas al mantenimiento del empleo. También ha planteado la inclusión del plus de residencia en el Estatuto de los Trabajadores.
Para articular legalmente la llegada de las ayudas a empresas, autónomos y personas trabajadoras Ceuta, la organización sindical ha propuesto la aprobación de un Real Decreto-ley con medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la situación.
Refuerzo de los servicios públicos y mejora de las condiciones laborales
En relación con los empleados y empleadas públicas, CCOO ha reclamado un incremento inmediato de las plantillas de todos los sectores afectados, entre ellos sanidad, seguridad, justicia y enseñanza.
Asimismo, ha defendido la necesidad de hacer más atractivos los puestos de trabajo en Ceuta, insistiendo en la aplicación apartado séptimo (“medidas complementarias para la mejora de las condiciones de trabajo de las empleadas y empleados públicos”) del Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, que establece que “se revisarán al alza en 2026 las indemnizaciones por razón de servicio, incorporando criterios de igualdad entre empleadas y empleados públicos, y los complementos de residencia e insularidad”.
El sindicato ha pedido la revisión inmediata de estas cantidades y que tenga efectos retroactivos desde el 1 de agosto de 2026. También ha reclamado garantías de seguridad y salud para los empleados públicos.
Próximo curso escolar 2026-2027
La situación del próximo curso escolar 2026-2027 también ha formado parte de las reivindicaciones trasladadas. CCOO ha solicitado medidas con dotación económica para garantizar el inicio del curso en la fecha prevista y ha señalado la imposibilidad de escolarizar a los menores no acompañados ante la evidente insuficiencia de medios humanos, materiales y espacios físicos, y que en ningún caso dicha posible escolarización debe ir detrimento de los escolares ceutíes.
Medidas a medio plazo
Finalmente, CCOO ha planteado una serie de medidas estructurales para el futuro de la ciudad, entre ellas, formar parte de la Unión Aduanera respetando el sistema fiscal actual, incluir a Ceuta en el espacio Schengen, campañas de promoción de la imagen de Ceuta financiadas por el Estado, incentivos para favorecer la implantación de empresas, mejoras en las comunicaciones marítimas con la península, con la implantación de la línea Ceuta-Málaga, bonificaciones al transporte ferroviario, la liberación de terreno militar para la construcción de vivienda pública y medidas para paliar el posible impacto que a nivel económico y de empleo puede tener esta crisis sobre la Operación Paso del Estrecho.
CCOO de Ceuta considera que las reivindicaciones trasladadas al vicepresidente primero del Gobierno deben traducirse en medidas concretas y recursos suficientes que permitan garantizar los servicios públicos, proteger el empleo y la actividad económica y afrontar las necesidades específicas de la ciudad.
