No estaba justificada la emergencia, se anuló un proceso de licitación que debería haberse resuelto por los cauces habituales, se ha pagado un sobreprecio y, como colofón, se ha adjudicado un contrato “a dedo a una empresa amiga”. Con esos cuatro argumentos bajo el brazo insistió ayer Caballas en la “gravísima irregularidad, con tintes de ilegalidad”, en la que cree que puede haber incurrido el Gobierno en la adquisición de los chalecos antibalas de la Policía Local.
El primer grupo de la oposición compareció con los tres diputados con los que cuenta en la Asamblea para reiterar la denuncia lanzada un día antes y reafirmarse en su intención de poner toda la información de que dispone en manos del Tribunal de Cuentas. Lo hará hoy o mañana, “como muy tarde”, pero su queja podría escalar un peldaño más y acabar ante la Fiscalía para que arranque una investigación judicial que depure responsabilidades ante un hipotético caso de “prevaricación”. Esa decisión, subrayó Mohamed Alí, podría adoptarse hoy y dependerá, en buena medida, de las explicaciones y decisiones que adopte el Gobierno. Con o sin aclaración del Ejecutivo sobre lo que intuye una “sinvergonzonería”, Caballas volvió ayer a reclamar detalles sobre las presuntas lagunas alrededor del trámite administrativo. Y, ante todo, se esforzó por aclarar que no está en contra de la adquisición de los chalecos antibalas, “como algunas mentes torticeras del Partido Popular aseguran para confundir”, sino de “que se vulnere la ley en un proceso de licitación y adjudicación” en el que se manejan fondos públicos. Para el portavoz de la formación y candidato a la Presidencia en las próximas elecciones, Mohamed Alí, la primera contradicción en la que ha incurrido el Ejecutivo es justificar la adquisición del material aludiendo a una “situación de precariedad” que no sería tal. “Ha sido una sorpresa comprobar que en 2011 ya se adquirieron 72 chalecos, que se suman a los que ya tenía la Policía Local. Por lo tanto, los agentes no estaban desprovistos”, resaltó. Aróstegui elevaría más tarde el número a “cien”, sumados los nuevos y los antiguos. A partir de ahí, la lista de supuestas irregularidades. La primera duda surge, según Caballas, en el mismo origen de la emergencia sobre la que se basó la anulación del proceso abierto para la licitación. Alí aludió al informe remitido el 5 de marzo de 2014 por el superintendente de la Policía Local, Ángel Gómez, a la consejera de Presidencia, Gobernación y Empleo, Yolanda Bel, en el que ya daba cuenta de la “urgente necesidad” de la compra de 50 chalecos por la “situación actual de inseguridad” que por entonces detectaba en “distintas zonas o barriadas de la ciudad”, con “grave riesgo para la integridad física de los agentes”. Al trámite se le dio el visto bueno seis meses después, en septiembre de 2014, con un importe de licitación de 30.000 euros. Un mes después, en octubre, el interventor frenaba en seco la adquisición alegando falta de consignación presupuestaria. Partiendo de ese relato, tanto Alí como Aróstegui se preguntan por qué el Gobierno local alega ahora “emergencia y peligrosidad” para alterar el proceso de adjudicación “si hace un año tardaron meses en contestar a la petición del jefe de la Policía Local”. “A dedo y a amigos” En idéntico tono crítico, Aróstegui cargó contra el Ejecutivo, al que afea actuar “en detrimento de unos para beneficiar a dedo a los amigos”. Sería ése, a su juicio, el motivo por el que el Gobierno habría decidido anular el procedimiento de compra de los 50 chalecos y optar por un contrato de emergencia, menor y sin publicidad, que finalmente sería adjudicado a una empresa que, según los datos recabados por Caballas, está radicada en Ceuta y entre otras actividades se dedica “a la venta de juguetes”. La formación denuncia también “el sobrecoste de más del 20 por ciento” que ha implicado la marcha atrás en el trámite inicial y también que, “pese a insistir el presidente en la emergencia ante una amenaza terrorista, los chalecos aún no estén en Ceuta”. Alí asegura que incluso una empresa madrileña que optaba al concurso anulado les ha transmitido su “perplejidad” por la resolución del caso y asegura que dispone de existencias para haber suministrado el material de inmediato. Aróstegui insistió en que el proceso inicial, que debería haber cubierto una de sus últimas etapas con la apertura de plicas el día 16, se habría traducido en un suministro “en plazos” de los chalecos. En lugar de eso, la Ciudad ha recurrido a una “hipocresía en grado sumo” para acusar a Caballas de poner en duda las medidas de seguridad para proteger a las Fuerzas de Seguridad cuando lo que tratan es de “tapar sus irregularidades”.
“Los policías trabajan con medios obsoletos”
Caballas reprocha al Ejecutivo local que recurra al argumento de la “emergencia” cuando hace meses “hizo oídos sordos a la petición urgente de adquisición de los 50 chalecos”. Aróstegui cargó por ello contra un Gobierno que, a su juicio, “dice ser el que más defiende a la Policía Local, pero es el mismo que los tienen con medios viejos, obsoletos, desmantelados o que no existen”. Como ejemplo, denunció que los agentes reclaman material nuevo desde hace un año “para poder comunicarse entre ellos”.
