Los elevados índices de fracaso escolar de nuestra Ciudad siguen provocando vergüenza, propia y ajena. Este es el resultado final de una política educativa inexistente. Tal y como venimos denunciando durante dos décadas, habernos quedado descolgados del desarrollo de un sistema educativo fundamentado en la descentralización autonómica (las 17 Comunidades gestionan las competencias educativas en exclusiva), nos ha pasado una descomunal factura que está pagando el profesorado (en una manifiesta depauperación de sus condiciones profesionales) y, sobre todo, el conjunto de la ciudadanía (que recibe una educación de peor calidad).
Ningún gobierno ha sido capaz de revertir esta realidad. Entre otras razones porque nunca se han tomado decisiones de política educativa, sino que todos se han limitado a desplegar un trabajo administrativo de mínimos para garantizar el funcionamiento del sistema sin más intención ni ambición.
Quizá los acontecimientos nos han brindado una magnífica oportunidad que no deberíamos desaprovechar.
Determinar con precisión las causas del fracaso escolar es muy complicado, porque encontrar elementos comunes en una infinidad de realidades muy heterogéneas, no es fácil. Sin embargo, si hay un amplio consenso en señalar algunas causas que, sin duda, influyen de manera determinante (aunque sea difícil cuantificar). Un de estas causas (demostrada en todos los estudios realizados en esta materia), es la relación entre el nivel socioeconómico de las familias y el éxito escolar. Este factor explica una parte del problema de Ceuta. En nuestra Ciudad, el 40% de la población vive con ingresos por debajo del nivel que marca el umbral de la pobreza. Este hecho tiene una evidente incidencia en el fracaso escolar. Nadie se ha ocupado de solucionar el problema de falta de equidad que soportamos. La brecha digital, la ridícula política de becas (insuficientes y tardías), la desigualdad que provocan “las clases particulares” y la falta de apoyo y motivación del entorno, abocan al fracaso escolar a miles de alumnos “antes de empezar el partido”.
Hay un segundo factor que también genera un amplio consenso entre los profesionales de la educación a la hora de analizar el fracaso escolar: la ratio de alumnos por grupo. No es difícil entender que el grado de “individualización del proceso de enseñanza aprendizaje” guarda una correlación estrecha con el rendimiento escolar. Dicho de otro modo, cuanto menos alumnos y alumnas hay en un grupo, más fácil resulta aplicar las adaptaciones individuales a las características de cada alumno. De hecho, las medidas adoptadas por la pandemia del covid (se dividió cada grupo en dos mitades y se impartió la mitad de la jornada a cada una de ellos), suscitaron una opinión muy generalizada entre el profesorado: “es más eficaz dar 3 horas de clase a 15 alumnos, que 6 horas a 30”.
El problema de la ratio es de naturaleza estrictamente económica. Para reducir la ratio sólo hacen falta aulas (inversión) y profesorado (inversión). Cuando las leyes fijan “una ratio máxima” no lo hacen por criterios pedagógicos sino meramente económicos (lo que pone de manifiesto que la educación nunca fue una prioridad para la clase política)
La elevada ratio de alumnos por grupo ha sido uno de los problemas estructurales del sistema educativo de Ceuta. Durante muchos años, los grupos de todos los centros estaban más que saturados- La red de centros era claramente insuficiente (además de obsoleta y deteriorada) y las plantillas limitadas. Ningún gobierno quiso acometer un más que necesario Plan de Construcciones Escolares que hubiera servido para corregir esta disfunción. Siempre se limitaban a decir que “cumplían la ley”, lo que no dejaba de ser una burla, ya que eran ellos mismos los que hacían la ley. Así hemos estado durante mucho tiempo.
Sin embargo, las cosas han cambiado. No la política educativa, pero sí la realidad social de Ceuta. En 2018 se incorporaron al sistema, en infantil de tres años, 1.200 alumnos y alumnas. El próximo curso (año 2025), lo harán 600. Este hecho ha provocado una sucesiva supresión de unidades de infantil, con la consiguiente reducción de la ratio en este nivel. El Ministerio, siempre más preocupado de su reputación (de sus votos) que del alumnado, presume de este hecho como si de un logro propio se tratara. Lo cierto es que esta supresión de unidades (y de ratio) comienza a llegar a primaria y en seis años, llegará a los institutos. Este proceso no se puede abordar desde una perspectiva estrictamente aritmética en la planificación de cada uno de los cursos, sino que es preciso adoptar una decisión de política educativa pensando en la calidad de la enseñanza que impartimos. No se debe dejar que las “cosas fluyan por sí mismas sin criterios ni objetivos”. Disponemos de un sistema educativo capaz de ofertas 1.200 plazas de infantil de 3 años y una población escolar de 600. La conclusión, desde una perspectiva pedagógica, parece muy evidente: el MEFP debe reducir la ratio en infantil a 15 alumnos y alumnas por aula; y así progresivamente (cada año en un curso) hasta completar la educación secundaria. Y debe hacerlo con todos los predicamentos legales, es decir, publicando una Orden Ministerial que lo establezca de manera obligatoria. La reducción generalizada de la ratio a 15 alumnos por grupo, contribuiría muy poderosamente a combatir el fracaso escolar.
De lo contrario, puede ocurrir lo que está empezando a pasar ahora: como la norma admite hasta 25, en los centros concertados se concentra una parte desproporcionada de la población escolar, mientras las aulas públicas quedan desiertas. En seis centros privados se concentra el 40% del alumnado, mientras que el restante 60% lo hace en 17 centros (algunos de ellos con 2, 8, 9 alumnos). El MEFP tiene la obligación de corregir esta malformación urgentemente. Así se lo expusimos al Secretario de Estado en su reciente visita a Ceuta.
