Indignación de la GuardiaCivil por el posible cambio en la Ley orgánica de Derechos y Deberes del cuerpo, en el sentido de prohibirles el derecho de manifestación. Este cambio podrían llevarlo a efecto los dos partidos mayoritarios. Es lo que ha denunciado la Asociación Unificada de Guardias Civiles, poniendo sobre la mesa la existencia de un pacto PP-PSOE para arrebatarles un derecho ya conseguido.
La asociación con mayor peso en el Instituto Armado y mayoritaria en Ceuta ha denunciado que dicho pacto se ha llevado a cabo para retirar con “nocturnidad y alevosía” el derecho de manifestación de los agentes a través de una enmienda en el Senado a la Ley de contratos públicos de Seguridad y Defensa.
La Ley de contratos del Sector Público en los ámbitos de la Defensa y de la Seguridad se encuentra en el trámite de enmiendas en la Comisión de Economía y Hacienda de la Cámara Alta, después de que el Congreso de los Diputados le diera el visto bueno el pasado 15 de junio.
A principios de este mes, el PP también presentó una enmienda a la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas en la que proponía que los guardias civiles no pudieran “organizar, participar ni asistir” a manifestaciones o reuniones de “carácter político, sindical o reivindicativo”, aunque finalmente retiró la propuesta.
En una circular interna a sus asociados a la que ha tenido acceso ‘El Faro’, AUGC califica de “felonía” la iniciativa pactada por socialistas y populares porque, a su juicio, pretende “desarmar” el movimiento asociativo en la Guardia Civil, “acuchillando las esperanzas” de los agentes de normalizar su vida laboral y profesional y volviendo a dejar a los guardias civiles como “ciudadanos de segunda”.
“De nuevo es el PSOE, aliado con el PP, el que tira por tierra los avances democráticos”, denuncia la AUGC, que considera que se trata de una “decisión estratégica” del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, con el que triunfan las tesis “más retrógradas y militaristas” en la Guardia Civil.
Frente a esta situación, AUGC ha anunciado que entablará una “batalla legal y judicial” ante los tribunales españoles y europeos para que no se cercenen los derechos de los guardias civiles.
AUCG denuncia que ambos partidos buscan “desarmar al movimiento asociativo en la Guardia Civil, amordazándolo; acordémonos también de los expedientes a representantes asociativos en el ámbito de la Guardia Civil, por declaraciones de prensa, y suprimiendo finalmente, el derecho a manifestación. Quieren volver a los viejos tiempos del miedo y el paternalismo. Es volver a los tiempos de Corcuera y Barrionuevo con un toque de paternalismo estilo Santiago López Valdivielso y su Consejo Asesor”, denuncia la asociación. Lamentan además que sea precisamente el PSOE el que pretende este cambio, recordando que son “quienes decían apostar por una Guardia Civil moderna”. La asociación acusa a ambos partidos de compartir “una visión militarista de la Guardia Civil” y de no querer “ni por asomo un modelo policial en la Guardia Civil, pues así mantienen una mano de obra barata y sumisa”.
Dicen además que el PSOE nunca se ha creído su propia ley y que tanto para ellos como para el P, “el asociacionismo en la Guardia Civil ha ido demasiado lejos y no está domesticado ni es folclórico. Hay que suprimir para un futuro inmediato cualquier expresión pública de conflictos laborales y profesionales en la Guardia Civil. Y todo ello demuestra un constatable temor a la opinión pública. En la Guardia Civil, un estado dentro del Estado, todo debe desarrollarse disciplinariamente y por conducto reglamentario”, critican.
Si esa modificación sale adelante habrá triunfado, según AUGC, “las tesis más retrogradas y militaristas en la Guardia Civil. Ha ganado, de momento, el bunker de los altos mandos, lo que trae como consecuencia que la desmilitarización de la Institución vuelve a estar en el centro de nuestras preocupaciones y acciones, como organización. Si a los guardias civiles, que han renunciado al conflicto colectivo, al derecho de huelga y a la sindicación, se les hurta el derecho de manifestación y se coarta su liberta de expresión ¿Qué les queda? ¿Un Consejo de la Guardia Civil decorativo, y un derecho de asociación sin ningún instrumento para avanzar sus peticiones y expresar legítimamente sus preocupaciones? Los guardias civiles vuelven a ser ciudadanos de segunda. Han disfrutado de un derecho un breve tiempo y ahora se les quita, quieren mantener un status quo en la Guardia Civil donde campen a sus anchas los privilegios y prebendas y donde los guardias sean funcionarios”, sentencian.
La asociación va a movilizar a todos los que llama “aliados”, acudiendo incluso a la búsqueda de apoyos europeos. Se dirigirán también a la sociedad civil y “a sus organizaciones para pedirles su apoyo contra este descarado intento de desmantelar la todavía débil democracia. Porque no dejamos de preguntarnos, si no querrán con todo esto, volver a la Guardia Civil donde podían darse escándalos como el de Roldan o manipulaciones como las acaecidas en el frustrado golpe de estado del 23-F”, concluyen.
