Fue bautizada como Operación Etxea. Casa en euskera. Todo tiene su explicación, hasta el término empleado, ya que era desde una vivienda ubicada en el zoco del Príncipe, en Ceuta, y otra en el antiguo Poblado Legionario, desde donde una red controlaba el negocio de los narcodrones.
Este miércoles el tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta había sentado en el banquillo a 10 acusados de formar parte de ese entramado. Entre ellos los apodados ‘Piolín’ y ‘Laika’, que han sido conducidos presos hasta la sede del máximo órgano judicial en nuestra ciudad bajo importantes medidas de seguridad.
Se ha contado con agentes de la UIP y de la UPR para labores de vigilancia y control en el entorno del edificio Ceuta Center y en su interior.
Otros investigados están declarados en rebeldía.
La vista no se ha podido celebrar dictándose su suspensión por problemas de varios acusados con su representación procesal.
Algunos han renunciado hoy a sus letrados; de hecho, uno llegó a decir que él mismo se defendería para luego comunicar que quería uno de oficio.
Hoy iba a ser la primera vez que se juzgaba una red dedicada al uso de los drones para el tráfico de hachís, un sistema delincuencial que se ideó en Ceuta con motivo de la pandemia, haciéndose fuerte con posterioridad hasta instaurarse como nuevo modus operandi.
La vista, suspendida, ha sido señalada para julio.
¿Qué fue la Operación Etxea?
Fue en noviembre de 2021 cuando la Guardia Civil decidió reventar un operativo que se saldó con varias detenciones. La Fiscalía pide en su escrito de calificación inicial 8 años de prisión para el presunto cabecilla de esta organización criminal y uno menos para el resto. Contempla la existencia de delitos contra la salud pública y organización criminal.
El trabajo desarrollado por la Guardia Civil puso en evidencia la existencia de una organización que había burlado las trabas de tener una frontera cerrada y se dedicaba a traer hachís de Marruecos a Ceuta así como a trasladar pastillas desde la ciudad al vecino país, especialmente Rivotril y Tranquimazin.
Se servían de drones, los llamados Remotely Piloted Aircraft System, y disponían de una estructura perfectamente organizada en la que cada integrante desempeñaba un rol concreto. Si los drones eran inhibidos por la Benemérita la red era capaz de sustituir esos elevadores con rapidez. El negocio era próspero.
Los beneficios de la organización
El tráfico de drones constante les estaba generando muchos beneficios. La organización se sentía impune y coordinaba la mayoría de las salidas de elevadores cargados de droga desde esas viviendas.
Antes de desarrollarse el operativo, el Instituto Armado decomisó varios drones e hizo seguimientos visuales y mediante intervenciones telefónicas hasta que, para evitar riesgos, optó por intervenir ejecutando registros en puntos del Príncipe como Maestra María Jaén, Agrupación Fuerte y antiguo Poblado Legionario.
Una de las casas era utilizada para las labores de pilotaje de drones; otras pertenecían a dos de los acusados y desde allí se controló la salida de algunos de los elevadores de acuerdo con los seguimientos que hizo el Instituto Armado.
