La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), con representación en Ceuta, ha cargado contra la respuesta del Gobierno a las preguntas registradas por el Grupo Parlamentario Popular sobre la reforma de la Ley Orgánica 9/2011 de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Ocho años de comisión sin avances
La organización considera que el Ejecutivo mantiene una posición “inmovilista” que impide modernizar los derechos del personal militar y critica que, tras más de ocho años de trabajo en la comisión encargada de revisar la norma, no se haya aprobado ninguna modificación relevante.
Las preguntas parlamentarias fueron impulsadas por varios diputados del PP, entre ellos Javier Celaya, y registradas en el Congreso el pasado 27 de marzo. En ellas, los parlamentarios advertían de la decepción expresada por ATME tras el cierre de la Comisión de Trabajo Temporal creada para evaluar la situación de los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 9/2011.
Según el escrito, la comisión habría desaprovechado la oportunidad de actualizar el marco de derechos del personal militar y de sus asociaciones profesionales. El PP trasladó al Gobierno algunas de las reivindicaciones defendidas por ATME durante estos años.
Entre ellas, figuraban la elección directa de los representantes del COPERFAS por parte de los militares, siguiendo el modelo de la Guardia Civil; la ampliación de los derechos de información dentro de las unidades militares; y la reforma de los métodos de trabajo del Consejo de Personal para evitar vetos por parte del Ministerio de Defensa. También denunciaron la falta de transparencia en cuestiones sensibles como los accidentes y fallecimientos en acto de servicio.
El Gobierno defiende el modelo actual
En su respuesta oficial, fechada el 9 de mayo, el Ejecutivo asegura que los trabajos de la comisión “no han puesto de manifiesto la necesidad de acometer una modificación sustantiva” de la ley.
El Gobierno sostiene que el sistema vigente constituye un modelo “plenamente consolidado y garantista” para el ejercicio del derecho de asociación profesional en las Fuerzas Armadas.
El documento remitido por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes destaca que el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas actúa como cauce institucional de interlocución entre Defensa y las asociaciones profesionales y subraya que existe una composición paritaria entre representantes del Ministerio y de las asociaciones representativas.
Asimismo, el Ejecutivo asegura que las asociaciones disponen de mecanismos suficientes para informar y comunicarse con el personal militar mediante canales electrónicos, tablones y espacios habilitados en instalaciones militares.
El Gobierno también afirma que el Ministerio de Defensa remite trimestralmente información sobre accidentes, fallecimientos y condiciones de trabajo al Consejo de Personal y recuerda que el Observatorio de la Vida Militar supervisa la aplicación del marco normativo y propone mejoras para la condición militar. Además, defiende que en los últimos años se han impulsado mejoras en retribuciones, conciliación, movilidad y carrera profesional.
ATME habla de bloqueo institucional
ATME rechaza esta interpretación y sostiene que la ausencia de reformas no demuestra consenso, sino el bloqueo ejercido por Defensa y los Ejércitos frente a las propuestas planteadas por las asociaciones.
La organización considera que muchas de las iniciativas dirigidas a modernizar los derechos del personal militar fueron rechazadas sistemáticamente, impidiendo que llegaran al informe final de la comisión.
La asociación lamenta además que el Ejecutivo ignore la falta de acuerdo existente y advierte de que la modernización real del marco de derechos y deberes de los militares solo será posible cuando exista una voluntad política efectiva para incorporar las demandas de las organizaciones representativas del colectivo.
