La Operación Hades, desarrollada por la Guardia Civil en Ceuta para luchar contra el narcotráfico y que ha tenido su fase estelar con el descubrimiento de un narcotúnel, ha basado, en el uso de agentes encubiertos, una de sus claves para el éxito.
Tres miembros de Asuntos Internos llevaron el peso de operativas que forman el esqueleto de esta investigación, moviéndose como encubiertos, una figura que cuenta con respaldo judicial.
Uno fue testigo de la realización de la prueba, la trampa para dar con uno de los guardias civiles que presuntamente no realizaba sus labores de control para favorecer el embarque de camiones cargados de hachís.
Esa trampa fue un billete dividido en dos partes que tenían que volver a juntarse. Lo hicieron y así se constató la operatividad de la organización.
Otro estuvo presente en las conversaciones mantenidas para, precisamente, pagar esa compra de voluntad. Fue testigo de cómo dos de los ahora detenidos y presos preventivos confesaban que pagarían 10.000 euros a uno de esos guardias civiles, enlace entre el grupo de cooperadores restantes para favorecer el negocio de la droga.
El pasado 18 de enero, el Tribunal Supremo confirmaba condenas de hasta casi 9 años de prisión para miembros de una red en la que se infiltraron tres agentes de la Guardia Civil.
En esa resolución hay una clave importante, la alusiva al delito provocado por los agentes que se infiltraron en la organización.
El Supremo es claro: “No son los agentes policiales los que ofrecen infraestructura para la comisión del delito, sino que esta estaba ya previamente preestablecida en la organización del grupo criminal en la realización del delito de tráfico de drogas, con lo cual no son los agentes los que llevan a cabo este operativo”, expuso la Sala de lo Penal.
Se trata de una figura que tiene su amparo judicial sin que quepa culpar a quien descubre el delito de haberlo alentado o fomentado.
El Tribunal Constitucional ya avaló tiempo atrás la actuación de los agentes encubiertos en operaciones policiales contra el crimen organizado.
En aquella resolución el TC recordó que la actividad de infiltración policial “ha tenido y sigue teniendo” sustento en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que en su artículo 282 bis regula la actuación del agente encubierto frente a los riesgos físicos y jurídicos a los que se expone.
En la Operación Hades, precisamente el empleo de agentes encubiertos fue determinante para obtener pruebas válidas que permitieran avanzar en la investigación. La Guardia Civil tuvo que hacer empleo de nuevas tecnologías, dispositivos de escucha y grabación en vehículos, además de vigilancias físicas.
La imposibilidad de avanzar más llevó a la petición a la Audiencia Nacional de contar con agentes encubiertos que lograron obtener información determinante para conocer, por ejemplo, que había dos entramados delictivos distintos que tenían en común que compartían la misma cobertura de seguridad aportada por agentes del Instituto Armado.
El 17 de julio de 2023, Asuntos Internos conoce hechos que apuntan a una organización criminal entre Ceuta y Algeciras que usaba camiones y semirremolques.
Tenían una estructura de seguridad formada por guardias civiles para facilitar la entrada y salida de los puertos, dando información sobre turnos de trabajo y vigilancia, horarios de control…, entre otros.
Con la detención de un camionero en la Península se había destapado la existencia de esta operativa, lo que llevó a centrar la investigación en Ceuta donde estaba el corazón de todo este movimiento delictivo.
La Fiscalía Especial Antidroga interpuso querella al entender que se daban indicios de la comisión de delitos de tráfico de drogas a través de organización criminal, cohecho y revelación de secretos.
El Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico, CRAIN, había obtenido información contrastada por Asuntos Internos, conociéndose así la existencia de una sólida organización con infraestructura en Marruecos y dos entramados radicados en Ceuta.
Uno de ellos disponía de vehículos preparados con dobles fondos en una nave de Mairena del Alcor, en Sevilla, para ser modificados y preparados con dobles fondos. El otro necesitaba disponer de esa infraestructura, pero era capaz de conseguir la droga introducida directamente desde Marruecos mediante sobornos a aduaneros marroquíes.
Los agentes encubiertos trabajaron con identidades falsas, estando protegidos durante toda la fase de investigación hasta culminar, dos años después, con la cascada de detenciones que se perpetró desde finales de enero de este año hasta prácticamente el pasado mayo.
No se ha cerrado, quedan identificados en el camino que no han sido detenidos, entre ellos, por ejemplo, el dueño de la nave en donde se encontró el narcotúnel utilizado hasta finales de 2024 para meter droga cobrando un peaje a las redes que usaban esta infraestructura.
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