La Audiencia de Melilla ha absuelto a los siete empleados de un banco en la ciudad hermana que estaban acusados de ayudar a una red de blanqueo. Precisamente esta pieza judicial era el origen del bloqueo de las entidades bancarias a las cuentas de empresarios de Ceuta y Melilla que tanta repercusión mediática ha tenido estos meses.
A raíz de esta causa varias entidades habrían tomado decisiones como la expulsión de clientes y el bloqueo de sus cuentas. La sentencia considera que dichos empleados no colaboraron con una red de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
El Ministerio Fiscal había extendido la imputación por blanqueo de capitales a estos empleados bancarios por considerar que participaban en la cooperación delictiva con la omisión de los controles específicos de vigilancia en relación a la prevención del blanqueo de capitales, que a su vez habría permitido a los titulares de la cuenta el encubrimiento impune del origen delictivo de los fondos con los que operaban. El tribunal ha rechazado esta teoría y les declara inocentes. La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso.
El director, la gestora de negocios, la directora comercial y el gestor operativo y tres cajeros de la sucursal bancaria situada en el barrio de la Victoria, frente al hospital, han sido de este modo absueltos.
El proceso judicial se inició el pasado mes de noviembre de 2017 por unos hechos que se remontan al año 2010 a raíz de unas escuchas a un matrimonio al que se investigaba por narcotráfico.
Según recogía el escrito de acusación de la Fiscalía, el dinero procedía del “tráfico de hachís a gran escala” que supuestamente llevaban a cabo dos hermanos, M.A. y M.A., y con el que lograron “ingentes cantidades de efectivo en euros”. De igual manera, el Ministerio Fiscal relataba en este escrito, de 19 folios, cómo M.A. y M.A. procedieron, presuntamente, a “lavar el capital obtenido” a través de un entramado empresarial, integrado por varias entidades mercantiles, algunas de ellas ubicadas en la provincia de Barcelona.
Entre los 13 acusados en este procedimiento judicial estaban los siete empleados de la sucursal bancaria, concretamente el director, la gestora de negocios, la directora comercial y el gestor operativo y tres cajeros.
La Fiscalía detallaba en su escrito de acusación cómo estos siete empleados del banco actuaron con "connivencia, beneplácito, condescendencia e ignorancia deliberada" para que la red de blanqueo de capitales consiguiera "materializar sus objetivos" burlando la Ley de Prevención de Blanqueo y las normas internas del banco.
Sin embargo, la Audiencia Provincial considera que no colaboraron con la red y les absuelve de todos los delitos. La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso ante el Tribunal Supremo.
