En un artículo de opinión del ya fallecido Desmond Tutu, premio Nóbel de la Paz y leyenda de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, publicado en un periódico israelí en 2014, hacía una sentida y, a la vez, dramática llamada a la conciencia de los pueblos, empresas multinacionales y gobiernos del mundo, para que dejaran de lucrarse con el conflicto palestino-israelí. Lo que el arzobispo condenaba era la ocupación ilegal de Palestina, así como la desproporcionada respuesta del ejército israelí al lanzamiento de misiles desde la Franja de Gaza. También condenaba los palestinos responsables del lanzamiento de estos cohetes, aunque dejaba claro el derecho del pueblo palestino a luchar por su dignidad y libertad. Es más, consideraba que esta lucha del pueblo de Palestina frente a las políticas de Israel era una causa justa. Reclamaba finalmente el recurso a la no violencia, como solución a este problema.
Dejando a un lado el hecho de que la mayoría de las guerras a lo largo de la historia de la humanidad esconden intereses y privilegios bastardos de unos pocos, hay toda una teoría acerca de las relaciones entre la guerra y la ética. Se trata de la Doctrina de la Guerra Justa, que actualmente se incluye dentro del denominado Derecho Internacional Humanitario, y cuyos principios fueron magistralmente expuestos por el Coronel Tapia, del Ejército de Tierra Español, durante la celebración de unas jornadas en 2013, organizadas por la Universidad de Granada y el MADOC, sobre Ética y Responsabilidad Social de las Organizaciones.
Como nos decía el coronel, el Ius ad bellum ha contado a lo largo de la historia con aportaciones tan notables como las de Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Francisco de Vitoria, o Hugo Grocio; hasta que ha sido matizada por la introducción del paradigma de la “defensa nacional”, aportada por las Naciones Unidas. Lo que establece esta doctrina es que para que se reciba el calificativo de Guerra Justa, ha de librarse por una causa justa, mantener un criterio de contención y proporcionalidad entre el bien que persigue y el mal que genera; ser utilizada como último recurso y contar con una posibilidad razonable de éxito. Pero incluso en estos casos, la consideración de la justicia en la guerra conduce a tres principios básicos, recogidos en el Derecho Internacional Humanitario: discriminación, proporcionalidad y atención debida, que amparan, respectivamente, la inmunidad de la población civil, a los que no se les debe atacar de forma deliberada, ni usar como escudos; sopesar la ganancia de una determinada acción militar con respecto al daño que ésta pueda generar; y la atención debida, que exige a las fuerzas hacer todos los esfuerzos posibles y razonables para minimizar el daño que sus ataques causen a los civiles. Y finalmente, el Ius post bellum contiene las reglas para después de la contienda, que buscan prevenir los excesos del vencedor, limitando lo que puede hacer.
Bien. Si a la luz de estas consideraciones analizamos la guerra iniciada por el dictador Putin contra un país soberano, con una intención clara de sustituir a su gobierno y poner a un presidente títere, es posible que nos demos cuenta de que las acciones de defensa del ejército y la población ucraniana son perfectamente legítimas. Como también lo es el proporcionarles ayuda, incluso militar. Pero aparte de que la guerra es ilegal, la acción de ataque indiscriminado por parte de los militares de Putin, lanzando misiles sobre la población civil, es algo totalmente inadmisible, prohibido por las normas internacionales anteriormente citadas, que no hace más que prolongar innecesariamente el sufrimiento del pueblo ucraniano.
Difiero de los que piensan que es una respuesta justa del dictador Putin al incumplimiento de determinados acuerdos de 2014, e incluso anteriores, que, como explican los expertos, se hicieron desde una posición de fuerza de Rusia y de debilidad de Ucrania. En absoluto. Es la acción calculada y programada por un dictador, que no reconoce el derecho a la existencia del Estado independiente de Ucrania y que pretende imponer a la fuerza la antigua área de influencia de la Unión Soviética entre sus vecinos.
En un curso de Derecho Internacional Público durante mis estudios de Derecho, el profesor Pastor Ridruejo nos hablaba de la prohibición de la guerra y de la institucionalización del Ius Ad Bellum. Nos decía que la conmoción producida en la sociedad internacional por la segunda guerra mundial determinó en los redactores de la Carta de las Naciones Unidas (1945) la resolución de preservar a las generaciones venideras del flagelo a la guerra. Así, en el párrafo 4 del artículo 2 se dispone: “Los miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas”. Este principio se ha reiterado en posteriores Declaraciones y en importantes instrumentos internacionales, como el Acta Final de Helsinki de 1975. Es más, su naturaleza de ius cogens, no es discutida por nadie, salvo por Putin. Es decir, sería nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de Derecho Internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas (art. 52 de la Convención de Viena de 1969).
De lo anterior se deduce que esta guerra de Putin es totalmente ilegal, que los acuerdos de 2014 a los que alude como justificación para la misma, podrían ser nulos, si entendemos que se hicieron bajo la amenaza del recurso a la fuerza, y que el pueblo ucraniano tiene derecho a su independencia y a la legítima defensa. Pero además, a la luz de los recientes bombardeos sobre población civil, hospitales y centros de abastecimiento eléctrico o de agua potable, creo que es urgente plantearse la posibilidad de perseguir y llevar a Putin ante la Corte Penal Internacional, por crímenes contra la humanidad. Se trata de documentar todo esto, para poder ser utilizado en un futuro.
Mientras tanto, solo nos queda seguir horrorizándonos con las imágenes que nos llegan a diario de niños y madres huyendo aterrorizados por la crueldad del ejército de Putin. Y por supuesto, confiar en que la Comunidad Internacional no va a permitir que la injusta y desigual guerra sea ganada por este dictador. En estas circunstancias, la ayuda y la solidaridad se hacen imprescindibles.
