En la misma se dice textualmente que José Fernández Chacón resuelve “suspender y en su caso disolver la concentración y la manifestación que este grupo se encuentra realizando en fecha de hoy por no estar ejercitando un derecho en forma legítima y además por incurrir en el supuesto de hecho del artículo 5 de la ley orgánica 9/1983, al alterar el orden público, con peligro para personas y bienes”.
Pues bien ese ‘hoy’ que figura en la resolución constituye la base de la defensa de los inmigrantes que se enfrentan a penas de entre 6 meses y un año de cárcel y que deberán acudir a juicio ya que, de no hacerlo, provocarían que los agentes acudieran al CETI a detenerlos.
Lo que entienden y defenderán los abogados no casa con la postura que mantiene el Ministerio Fiscal, erigida en acusación. A pesar de que en la resolución firmada por el delegado se incluye una fecha concreta de acción policial, la del día 6, el Fiscal entiende que la segunda de las detenciones es legal y se ajusta a derecho ya que la enmarca dentro del mismo proceso. Los inmigrantes abandonaron la protesta en la plaza de los Reyes porque fueron detenidos y tras ser puestos a disposición judicial y obtener de nuevo la libertad, acudieron al mismo sitio, provocando así la segunda de las detenciones.
Para el Fiscal se trataría de la misma actuación a la que hace referencia la resolución de Fernández Chacón que fue tan sólo interrumpida por un proceso policial. Se suspende por el desalojo policial pero forma parte de la misma actuación.
Las tesis están enfrentadas ya que la defensa entiende que son dos casos distintos y que se tendría que o haber dictado otra resolución o bien no haber firmado un dictamen con fecha de caducidad como se hizo.
Más denuncias, nuevas causas
Las denuncias presentadas entre el pasado viernes y el fin de semana por los comportamientos de los que hicieron gala los inmigrantes camino del CETI han dado lugar a nuevas causas judiciales una vez que desde la Jefatura Superior se dé traslado a Fiscalía. Al menos se tiene constancia de la denuncia interpuesta por dos mujeres que fueron acorraladas por un grupo de subsaharianos que mostraron partes de su cuerpo en pleno Sardinero, y de la presentada por una trabajadora del CETI que ha puesto de manifiesto el acoso de los inmigrantes así como las amenazas recibidas en la noche del pasado viernes con motivo del amago de motín que casi ocurrió en el Jaral.
En Detalle
juicio 14-o
Los inmigrantes deberán comparecer ya que de no hacerlo podrán ser detenidos en el CETI
delito
Por la segunda de las detenciones se les acusó de un delito de desobediencia
defensas
Mantienen que la resolución sólo tiene una fecha de aplicación, la de la primera detención
fiscalía
Considera que las detenciones forman parte del mismo proceso ya que son interrumpidas
¿detención ilegal?
No cabe ya que la Policía se ha fundamentado en un dictamen oficial firmado por Chacón
“Que el delegado se los lleve de Ceuta, o que se vaya él, que será lo propio”:
El punto crítico a la gestión que, en materia migratoria, está llevando a cabo la Delegación del Gobierno vino ayer de la mano de la coalición Caballas, integrada por Mohamed Alí y Juan Luis Aróstegui. El primero abogó por la necesidad de “garantizar el respeto a los derechos humanos, creemos que la desidia sobre todo de Delegación del Gobierno está agudizando la desesperación de estas personas. Ceuta debe ser un lugar de tránsito temporal para estas personas y no en un obstáculo perpetuo. Las autoridades parecen que quieren convertir el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes en definitivo. Hay personas que llevan tres y cuatro años. Ceuta no reúne las condiciones para tener tanto tiempo a estas personas. Si hay cualquier tipo de conducta o comportamiento que altere el orden público, tendremos que condenarlo. Pero hay que analizar el porqué de las cosas, la desesperación viene motivada por una falta de acción clarísima, en este caso del delegado del Gobierno”, dijo. Más directo y visceral en sus manifestaciones fue Juan Luis Aróstegui que acusó directamente a Fernández Chacón de la situación vivida. “El delegado del Gobierno está aquí para resolver los problemas. Qué fácil es trasladar el debate y el conflicto al ámbito de los ciudadanos cuando está en la responsabilidad política. Estas personas no se pueden mover, no tienen trabajo ni quieren estar aquí. Pues que el delegado del Gobierno se los lleve de Ceuta o que se vaya él, que quizás sea lo más propio, y venga un delegado del Gobierno que sepa qué hace con las cosas. Lo que no se puede consentir es tener secuestrada a personas durante años y luego, cuando llegan situaciones límites y la población se siente soliviantada, empezar a buscar culpables donde no los hay. De que los subsaharianos estén recluidos en el CETI con una situación muy convulsa sólo hay un culpable: el delegado del Gobierno. O que arregle esto o que se vaya”, afirmó.
