El Grupo Parlamentario Socialista llevará una propuesta al próximo Pleno de la Asamblea relativa a la jornada laboral de los empleados públicos, por la que instará al Gobierno local a que manifieste que la aplicación de la medida adoptada por el Gobierno de la nación en el año 2012, de establecer la jornada laboral en 37 horas y media ha repercutido en la calidad de los servicios públicos básicos que presta la Administración en general, y esta Administración en particular y que, además, para las empleadas y empleados públicos ha supuesto un enorme esfuerzo, al deteriorar sus condiciones de trabajo y afectado notablemente la posibilidad de compatibilizar su trabajo con su vida familiar y personal.
Por otra parte, y con el objetivo de mejorar los servicios públicos a la ciudadanía, los socialistas proponen crear nuevos puestos de trabajo y mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos de la Ciudad Autónoma, de manera que el Gobierno local adopte las medidas necesarias para reponer la jornada laboral de 35 horas semanales de promedio en cómputo anual en todos los servicios, organismos y empresas municipales –esta media semanal se entenderá sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, en su caso, se establezcan, que experimentan los cambios que fueran necesarios para adecuarse a la modificación general en la jornada ordinaria-.
El Gobierno de la nación mediante el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, suspendió los artículos 48 y 50 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, de Estatuto Básico del Empleado Público, sobre permisos y vacaciones de los funcionarios públicos, reduciendo los días de libre disposición, suprimiendo los días adicionales por antigüedad tanto en el caso de las vacaciones como en el de los días por asuntos particulares pero, especialmente, suspendiendo los pactos, acuerdos y convenios para el personal funcionario y laboral suscritos por las Administraciones Públicas y por sus Organismos o Entidades a ellas vinculados. Es decir, anulando de facto la negociación colectiva en el ámbito de las Administraciones Públicas.
Con anterioridad, con el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, el Gobierno decidió establecer la jornada laboral en todas las Administraciones Públicas en 37 horas y media; "un retroceso histórico en términos de negociación colectiva, pero también una grave lesión al principio de autonomía reconocida en nuestra Constitución para el conjunto de las Administraciones", manifiestan desde el GPS, añadiendo que se trata de "medidas que contaron con el rechazo de todas las organizaciones sindicales y profesionales de las empleadas y empleados públicos, quienes, desde entonces, no han dejado de reclamar la plena restitución de estos derechos".
"Es cierto que en el último año se han recuperado algunos de ellos, aunque también es cierto que las citas electorales, las demandas de las plantillas, y los acuerdos adoptados por los nuevos gobiernos locales y autonómicos, han forzado esta restitución", especifican los socialistas.
En cuanto a la jornada laboral se refiere, la reposición de las 35 horas semanales "es una exigencia que se hace cada vez más evidente, tanto como mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores públicos, como medida que tendría efectos en la generación de empleo", aseveran desde el GPS, apuntando además que "gobiernos autonómicos y municipales así lo han entendido, como han sido los casos de los acuerdos adoptados por las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, País Vasco, Asturias y Madrid".
En el caso de Ceuta, por parte del Gobierno local se ha manifestado reiteradamente la voluntad de reiniciar la negociación colectiva con las organizaciones sindicales, incluyéndose en la misma la reposición de la parte pendiente de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 y de los días adicionales de vacaciones y asuntos particulares por antigüedad, pero quedando pendiente la reposición de la Jornada de 35 horas.
Por ello, desde el GPS, respetando plenamente los términos de esa negociación, pero dada la trascendencia del asunto y las resistencias que existen a la restitución de este derecho, entiende que debe haber un pronunciamiento al respecto por el Pleno de la Asamblea.