La adjudicación a dos consultoras privadas la asistencia técnica para implantar un nuevo modelo de gestión clínica en los hospitales de Ceuta y Melilla ha disparado todas las alarmas en los sindicatos Comisiones Obreras y UGT.
“Es el primer paso hacia una privatización encubierta”, ha explicado a su paso por el programa La Mañana de COPE el responsable de Sanidad en Comisiones Obreras, Ángel Lara, que se esperaba “desde hace tiempo” que la administración sanitaria diera un paso en esta dirección. Lara alerta de sus consecuencias y de la inminente aplicación de recortes tanto en la atención hospitalaria como en la atención primaria.
Por su parte, la Federación de Servicios Públicos entiende que en estos modelos de gestión que el Ingesa pretende implantar en las dos ciudades autónomas, basados en las llamadas Unidades de Gestión Clínica, pretende la “mercantilización” del sistema sanitario, “porque van a primer los intereses empresariales (estas Unidades son en realidad microempresas independientes) por encima de la atención al usuario y de los derechos de los trabajadores. En este mismo sentido se manifiesta Comisiones Obreras, “porque estas unidades introducen criterios económicos por encima de los sanitarios y esto acaba repercutiendo en los usuarios”.
A cambio de incentivar más directamente al trabajador, “el gobierno, va a conseguir que el sistema se fragmente, dando entrada a intereses privados”, explica Lara, quien augura un panorama sombrío para Ceuta , donde las decisiones clínicas “se someterán a criterios empresariales”, desaparecerá la atención primaria “tal y como la conocemos actualmente” ya que los intereses empresariales obligarán al cribado de los pacientes y patologías “menos rentables”. Las consecuencias de estas decisiones van a afectar a toda la población ceutí por lo que el sindicato ha solicitado el apoyo de la sociedad ceutí y anuncia la convocatoria a los trabajadores de la sanidad a movilizarse contra esta medida “que nos afecta a todos”.
La sombra de Lamela
Otra de las cuestiones que ha causado preocupación en el movimiento sindical es que las consultoras a las que se ha adjudicado el proyecto estén vinculadas con el ex consejero madrileño de Sanidad, Manuel Lamela, imputado por tráfico de influencias en el proceso privatizador de la sanidad madrileña, ahora mismo paralizado por el Tribunal Superior de Madrid. Por este motivo, UGT ha pedido al ministerio que le informe de estas contrataciones y recuerda que la guía de contratación y competencia a los procesos de licitación para la provisión de la sanidad pública en España señala como criterio fundamental en la adjudicación de contratos asegurar la calidad en la atención al paciente y, para ello. “Habría que conseguir un equilibrio entre la competencia en la variable precio-calidad del servicio”, recuerda en un comunicado UGT, para la que el ministerio “tiene como referencia clara la privatización que tiene prevista para la sanidad madrileña y ese es el camino que quiere imponer a Ceuta y Melilla”.
CCOO alerta de que se desmantela el sistema de salud
El sindicato Comisiones Obreras considera que España camina hacia una privatización sanitaria completa propiciada por “cambios legislativos que gradual e inexorablemente están desmantelando el sistema nacional de salud”. La central dice que el recorte de prestaciones, “implantando el copago, privatizando servicios, empeorando las condiciones de los trabajadores, dificultando el recurso a la tutela judicial” están dando entrada a los intereses privados que ven una oportunidad de negocio en todo este proceso. En Ceuta estas medidas han tenido repercusiones como la aplicación del copago , la exclusión de cobertura de determinadas prótesis o de parte del transporte sanitario. “Aun recordamos la amenaza de privatización de servicios hospitalarios como lavandería o cocina, o las declaraciones del delegado de gobierno dando cifras desorbitadas de gasto sanitario”, dice CCOO. La última ha sido el cierre de ambulatorios a partir de las 17 horas desde el 1 de enero.