La Ciudad no ha tomado aún la decisión de si recurrir o no la sentencia dictada por la Audiencia contra el policía local que asesinó a su mujer en la vivienda compartida en Parques de Ceuta.
Condenado a casi 25 años de prisión, esa resolución judicial no es firme, por lo que las partes disponen de un plazo para presentar recurso ante el TSJA.
Fuentes de la administración local consultadas por El Faro de Ceuta apuntan a que se seguirá el camino que indiquen los servicios jurídicos de la Ciudad, por lo que, a falta de un examen al detalle de esta resolución, no se tiene claro si presentarán recurso contra la responsabilidad civil subsidiaria a la que el Gobierno local ha sido condenado debido a que el crimen lo perpetró un funcionario municipal.
Ese detalle, el de responsable subsidiario, debe ser remarcado, ya que la Ciudad solo está obligada al abono de la indemnización en el caso de que el agente de la Policía Local fuera insolvente y no tuviera forma de afrontar el pago de 373.500 euros.
La Ciudad valorará el paso que se va a seguir, aunque de momento anuncia que no lo tiene claro.
El condenado estaba de servicio en el mercado de San José
El funcionario Alonso G.D. cometió el asesinato cuando estaba trabajando como policía local, ya que había abandonado su puesto en el mercado de San José.
“Pese a estar de servicio acudió de esa manera a su domicilio, detalle que revela por sí solo cierta culpa in vigilando. Además, los disparos se produjeron con su arma reglamentaria, de titularidad de la Ciudad Autónoma, lo que agrava aún más la responsabilidad de esta”, recogía la sentencia.
Para la Audiencia existió una relajación en cuanto al control de los protocolos de salud física y mental, lo que derivó en que el policía condenado pudiera seguir ejerciendo sus funciones con arma en su poder.
Antecedentes y problemas de salud que no fueron controlados
Tenía antecedentes por recibir tratamiento, pero eso no impidió que las alarmas saltaran en el seno del Cuerpo.
“En el caso del acusado era evidente y así consta documentado, que tenía antecedentes de problemas de salud mental y que era sabido (o debió serlo) por los responsables tanto de la Policía Local de Ceuta como por los servicios de recursos humanos generales del ente local, al estar documentados. Con esos antecedentes hubiera sido adecuado, o bien la retirada definitiva del arma, o bien que el mismo estuviera acompañado en el servicio por otro agente o su adscripción a un puesto en que el arma reglamentaria no fuera llevada de forma permanente”, se recoge en sentencia.
La indemnización que recoge la Audiencia es notablemente inferior a la que se dictó en la anterior resolución que tumbó el TSJA, ya que superaba los 800.000 euros.
Lo que sucedió: marzo de 2022
El asesinato de la funcionaria del juzgado, Mª Ángeles Lozano, se produjo el 14 de marzo de 2022. Aquel día, el policía local dejó su trabajo en el mercado de San José y, vestido de uniforme y con la pistola reglamentaria en su poder, acudió a su vivienda.
Una discusión, un ambiente crispado y el desenlace fatal: disparó a quien era su esposa arrebatándole la vida. Mató a Mª Ángeles y dejó marcada para siempre a su propia hija.
En esas circunstancias, a esa distancia, era más que probable que aquel disparo terminara con la vida de Mª Ángeles, como así pasó. La sentencia ha contemplado esto, el fallo recogido negro sobre blanco está en trámite de poder ser recurrido ante instancia que sea superior.
Ni se os ocurra, con un servicio jurídico que pagamos todos los ceutíes y una responsabilidad económica, hacia menores que se quedan sin recursos, que vamos a pagar todos los ceutíes no hay nada que recurrir; los que podían haber hecho algo para evitar el asesinato no pagarán las consecuencias ni económicas ni inhabilitantes