La Asamblea de Ceuta ha aprobado una propuesta de Ceuta Ya! para instar al Gobierno de España y, en particular, al Ministerio de Hacienda, a estudiar y promover las modificaciones normativas necesarias para implantar una deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) destinada a los contribuyentes residentes en Ceuta que contraten a personas empleadas del hogar.
La iniciativa salió adelante con 17 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, obteniendo así el respaldo mayoritario de la Cámara autonómica.
La diputada de Ceuta Ya!, Julia Ferreras, defendió la propuesta argumentando que diversas comunidades autónomas ya han incorporado deducciones similares, especialmente orientadas a favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar, la atención a menores y el cuidado de personas mayores o dependientes.
Una medida ya implantada en otras autonomías
Ferreras puso como ejemplo a Andalucía, donde existe una deducción del 20%, así como a Canarias, la Comunidad Valenciana y Castilla y León, territorios que contemplan fórmulas mixtas que incluyen tanto las cotizaciones como las retribuciones salariales.
Según explicó la diputada, se trata de una figura ya consolidada dentro del sistema tributario español, alineada con objetivos de política pública como la conciliación, el envejecimiento activo y la lucha contra la economía sumergida, además de incentivar la contratación regularizada en este sector.
No obstante, Ferreras subrayó que en Ceuta concurren circunstancias diferenciadas. Aunque la ciudad cuenta con un régimen económico y fiscal especial, que incluye una bonificación del 60% de la cuota íntegra del IRPF para determinadas rentas, carece de capacidad normativa para establecer deducciones propias en este impuesto.
Limitaciones fiscales de la Ciudad
La parlamentaria señaló que esta limitación supone la ausencia de instrumentos fiscales selectivos que permitan incentivar determinados comportamientos o políticas públicas a través de beneficios tributarios.
Por ello, defendió la necesidad de instar al Gobierno central y al Ministerio de Hacienda a implantar una medida que, a su juicio, no alteraría el modelo fiscal vigente, sino que supondría una extensión coherente del régimen especial de Ceuta dentro del marco normativo estatal.
Durante el debate, el líder de Vox, Juan Sergio Redondo, mostró su respaldo a la iniciativa y recordó que su formación ha presentado propuestas similares hasta en tres ocasiones.
Vox respalda la iniciativa
Redondo afirmó que dichas propuestas fueron rechazadas anteriormente tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista, y señaló que también se han planteado a nivel nacional.
A pesar de mostrarse escéptico sobre sus posibilidades de prosperar, insistió en que se trata de una medida que considera interesante y positiva.
Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Guerrero, anunció el voto en contra de su formación.
El PSOE ve una medida regresiva
Guerrero reconoció que la propuesta parte de una buena intención, pero sostuvo que se trata de una medida que beneficia principalmente a quienes cuentan con rentas más altas.
“Si cobras poco, pagas poco”, argumentó el socialista, quien calificó la deducción como una medida regresiva al considerar que favorece a quienes menos la necesitan.
Además, defendió que el verdadero problema no reside en el ahorro que pueda producirse en la declaración de la renta, sino en el coste total de contratar a una trabajadora del hogar. En este sentido, recordó que el Gobierno de la Nación ya ha adoptado medidas mediante la bonificación en las cotizaciones para las familias que cuentan con personal doméstico contratado.
La abstención de MDyC
La líder de MDyC, Fatima Hamed, coincidió parcialmente con los argumentos expuestos por el PSOE y manifestó sus dudas sobre el alcance real de la medida.
Hamed señaló que no todas las familias pueden permitirse contratar a una empleada del hogar y que, por tanto, la propuesta no afecta al conjunto de la ciudadanía. Asimismo, mostró su sorpresa porque los ejemplos citados por Ceuta Ya! procedieran de comunidades gobernadas por el Partido Popular.
La dirigente local recordó que muchas familias ceutíes, especialmente en las zonas periféricas, tienen dificultades para llegar a final de mes, por lo que consideró que la medida podría beneficiar principalmente a quienes disponen de mayores recursos económicos. Por ello, anunció la abstención de su grupo al no tener claro qué impacto tendría sobre la ciudadanía.
El PP apela a la conciliación
La consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kissy Chandiramani, confirmó el apoyo del Gobierno local a la iniciativa.
Chandiramani defendió que este tipo de medidas deberían ser respaldadas por todos los grupos políticos y recordó que ya se aplican en otras comunidades autónomas, independientemente del color político de sus gobiernos.
Según indicó, el objetivo principal es favorecer la conciliación familiar y laboral. Además, recordó que la Ciudad Autónoma carece de competencias para implantar directamente esta deducción, motivo por el que resulta necesario instar al Gobierno central a estudiar su aplicación.
Réplica de Julia Ferreras
En su turno de réplica, Julia Ferreras insistió en que la propuesta busca también garantizar y ampliar los derechos laborales de las empleadas del hogar.
La diputada destacó la contribución histórica de muchas mujeres que han trabajado en este sector y denunció que durante décadas lo hicieron en condiciones de precariedad y, en algunos casos, de auténtica semiexplotación.
Ferreras rechazó que la iniciativa esté diseñada para favorecer exclusivamente a las rentas más altas y sostuvo que los principales beneficios recaerían sobre las propias trabajadoras contratadas. En apoyo de su argumento, citó datos de la Tesorería General de la Seguridad Social y recordó que el propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha defendido medidas encaminadas a fomentar la contratación regularizada.
Finalmente, alertó de que todavía existen numerosas personas que desempeñan labores domésticas sin contrato y en condiciones precarias, percibiendo salarios reducidos y sin ningún tipo de protección laboral, una situación que, a su juicio, esta medida contribuiría a combatir.
