La magistrada titular de la plaza número 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta ha fijado para el próximo mes de septiembre la celebración del juicio contra A.D.A., alias ‘Popis’, acusado de un presunto delito de atentado y otro delito leve de lesiones contra un funcionario de prisiones.
El procesado cumple actualmente una condena superior a 20 años de prisión por el asesinato del cabo Dris, cometido en un garaje del antiguo Poblado Legionario. En esta nueva causa se le atribuyen amenazas y agresiones a un trabajador del Centro Penitenciario de Ceuta durante un incidente ocurrido en el interior de la cárcel.
Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso este periódico, los hechos se remontan a las 19:10 horas del 5 de octubre del año pasado, cuando el acusado se encontraba en el módulo de comunicaciones del centro penitenciario.
Siempre según la versión de la Fiscalía, una vez finalizado el tiempo autorizado para las comunicaciones, varios funcionarios de prisiones, debidamente uniformados y en el ejercicio de sus funciones, le indicaron que debía abandonar dicho módulo y regresar al que tenía asignado, orden que tuvo que ser reiterada en varias ocasiones.
Cuando finalmente abandonó el módulo de comunicaciones y era trasladado al suyo, encontrándose entre los rastrillos 3 y 4, el interno presuntamente comenzó a alterar el orden del establecimiento penitenciario, gritando y discutiendo con otros reclusos.
Ante esta situación, uno de los funcionarios le solicitó su Número de Identificación Sistemática (NIS). Fue entonces cuando, según sostiene la acusación pública, el acusado reaccionó de forma violenta contra el trabajador penitenciario.
La Fiscalía sostiene que ‘Popis’, con ánimo de menoscabar el principio de autoridad que representa el funcionario y de causarle lesiones, le dirigió expresiones como: “Me cago en tu puta madre, cabrón” o “te voy a cortar el cuello, carcelero de mierda, tú no me conoces a mí”.
A continuación, siempre según el relato fiscal, el acusado habría acometido contra el funcionario mediante empujones contra la pared, hechos que constituyen la base de la acusación por el delito de atentado.
Como consecuencia de lo ocurrido, el funcionario sufrió un cuadro de ansiedad e insomnio, lesiones que requirieron únicamente de una primera asistencia facultativa y que tardaron en curar 15 días de perjuicio básico, según refleja el informe incorporado al procedimiento.
Por estos hechos, el Ministerio Fiscal solicita para el acusado una pena de tres años de prisión por el delito de atentado contra funcionario público.
Asimismo, interesa la imposición de una pena de tres meses de multa, con una cuota diaria de 10 euros, por el delito leve de lesiones, con la correspondiente responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
En concepto de responsabilidad civil, la acusación reclama que A.D.A. indemnice al funcionario perjudicado con 857 euros por las lesiones y perjuicios derivados de los hechos.
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