El presidente del Gobierno de Ceuta,
Juan Vivas, ha visitado este sábado la barriada de Hadu y más concretamente al vecindario de los inmuebles que rodean
plaza Nicaragua para explicarles directamente por qué se ha dictado
una orden judicial de paralización cautelar de la obra que comenzó hace cinco meses para poner fin a una “asignatura pendiente desde hace más de dos décadas” de la administración local, la urbanización de ese espacio. El líder del Ejecutivo local ha informado a los residentes de que los servicios técnicos y jurídicos de la Ciudad confían en que la resolución del titular del Juzgado de Instrucción número 3 atendiendo la petición del “antiguo propietario” del solar y la estructura levantada en medio, ya demolida, se revoque pronto y la primera fase del proyecto se pueda terminar en plazo, es decir, en siete meses.
Vivas cree que el interdicto de la empresa 'Gerencia Empresarial de Ceuta y del Estrecho' no tiene “sentido” y que solamente busca “sacarle dinero” a la administración, concretamente cerca de medio millón de euros extra, algo a lo que se niegan los técnicos y el propio Ejecutivo: “Vamos a defender siempre el interés general, el de los vecinos y el de toda Ceuta porque se trata de dinero público y hemos cumplido con todos los procedimientos legales”, ha advertido. “Venimos aquí a explicar al vecindario este contratiempo y a dejar constancia de que tienen todo nuestro apoyo y de que mantenemos la intención de continuar con este proyecto, una actuación urbanística muy compleja y esperada que no nos podemos permitir que no continúe”, ha resumido el presidente, que ha recordar que la adquisición del suelo fue “un procedimiento complejo y garantista” que concluyó con la compra del terreno y la estructura allí ubicada “libre de cargas y gravámenes”.
“El anterior propietario aceptó la tasación, que se pagó en metálico [2,8 millones] y compensando una deuda que tenía [800.000 euros], por lo que se redactó el proyecto, se sometió a información pública sin que nadie alegase en contra, se licitó la obra y se adjudicó en abril”, ha repasado Vivas, que ha tildado de “incongruente” que la empresa disconforme haya actuado contra la UTE concesionaria de los trabajos y no contra la Ciudad, duñea del suelo. El presidente ha dejado claro que “confiamos plenamente en que la contestación de la adjudicataria servirá para levantar la suspensión y que, una vez efectuado el movimiento de tierras, se pueda terminar de cerrar el boquete existente y completar la urbanización prevista”.