Mucho se está hablando estos días sobre quién o quiénes encargaron el estudio para conocer cómo se había desarrollado el calendario de pagos de Urbaser por la amortización de su material incorporado a lo largo de todos estos años.
Pues bien, es hora también de ir poniendo el nombre a cada cuestión clara y concreta. Cuando se produjo el pulso que Urbaser le hizo a la Ciudad Autónoma a mediados del mes de enero, informándole de que no entregaría los camiones y el material, hubo una reunión urgente en el despacho de Presidencia. Y es que, claro, no quedaba más remedio que tomar una decisión rápida porque se encontraban con una empresa que se iba, otra que llegaba y sin material para limpiar todo el término municipal.
Esa reunión estuvo presidida por el mismo Juan Vivas y en la misma estaba también como es lógico el consejero de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, Guillermo Martínez, y un buen número de técnicos y entre ellos, como es lógico, el interventor de Fondos. Urbaser le había puesto precio a su material: un millón trescientos mil euros. Volviendo a esas acusaciones de connivencia entre el Gobierno y la empresa, el resultado hubiera sido mucho más fácil. Le reconocen a Urbaser el millón trescientos mil euros y aquí paz y después gloria. Sin embargo, se echó un pulso, con el mismo Martínez a la cabeza se levantó acta de todo el material inventariable y luego se hizo la entrega a Trace, una vez que Urbaser se bajó del burro.
Pero como es lógico, de esa reunión de Presidencia de finales del mes de enero es de donde sale la orden del presidente de la Ciudad Autónoma al interventor para que se realice un informe pormenorizado de los pagos que dentro del concepto de precios únicos que figuraban en el contrato con Urbaser ha cobrado esta empresa.
Luego, ya se puede escapar aunque se han contado algunas versiones, el interventor se reunió al día siguiente con su equipo de colaboradores y parece ser que la persona que al final lo ha ejecutado y ha puesto su firma al pie del mismo se ofreció voluntario.
Durante unos cincuenta días estuvo estableciendo los diversos datos y lo presenta antes de las vacaciones de Semana Santa, aproximadamente. Por supuesto, cuando en el equipo de Gobierno se conoce la conclusión, nueva reunión de todos los técnicos del área, pero en esta ocasión presididos por el mismo consejero Guillermo Martínez. Y es en esa reunión donde se produce la opinión contraria por parte de algún grupo A de la Administración autonómica que pone determinados peros a las conclusiones definitivas.
Ello provoca ante esa contradicción entre técnicos, aunque una haya sido por escrito y otra verbal, que se decida encargar el nuevo informe que es muy probable que se presente en la mañana de hoy al Consejo de Gobierno por parte del consejero Guillermo Martínez.
Porque en toda esta trama también se debe dejar de una manera muy clara constancia de que es el Gobierno de la Ciudad Autónoma el que decide indagar los pagos efectuados a la empresa Urbaser en el apartado de la maquinaria. Es el Gobierno de la Ciudad el que decide tener más argumentos y por ello pide una nueva opinión de los técnicos. Es el Gobierno de la Ciudad el que anuncia que irá a los tribunales si se confirma la desviación de los doce millones y medio de euros.
Lo que no hará nunca el Gobierno de la Ciudad es confundir sus opciones en materia ejecutiva, compartiendo informes de un expediente que no está finiquitado con los miembros de la oposición.
