La noche del 27 de mayo de 2019 la vida de siete inmigrantes subsaharianos rozó el límite, rozó esa línea que te hace estar aquí o dejar de estarlo, seguir soñando o morir atrapado. Un coche-patera conducido por una piloto kamikaze que sigue fugada de la justicia y oculta de la acción policial se estrelló contra el muro de una vivienda en Arcos Quebrados, huyendo del lugar y dejando atrapadas a estas siete personas, sin reparar si seguían con vida. Las víctimas de aquel suceso, uno de los más duros en la historia migratoria local, siguen en Ceuta. Pasaron de entrar atrapados en un coche a seguir atrapados en el CETI, sin poder marchar a la Península porque no tienen autorización judicial para ello.
Son víctimas de esos traficantes que hacen negocios entre fronteras y que comercian con personas como mercancía. Para las pequeñas redes que operan entre Ceuta y Marruecos, ellos fueron un paquete más.
La ralentización de su proceso, el bloqueo de este procedimiento judicial al no haber sido detenida la pasadora -se sospecha que huyó de Ceuta-, supone una doble victimización ya que se les impide abandonar la ciudad en la que llevan 365 días mientras ven que otros compatriotas que entraron más tarde ya han partido a la Península.
Se ‘castiga’ su objetivo, que no es otro que el salir de Ceuta, cuando fueron víctimas de uno de los accidentes más trágicos que se recuerda, en el que una mujer del grupo perdió una de sus piernas al quedar atrapada en el vehículo preparado a la perfección para servir de patera a cuatro ruedas.
Sus declaraciones constan en el procedimiento, también fueron examinados por el médico forense. Aun así no existe autorización judicial para que se permita su salida fuera de Ceuta, viéndose obligados a permanecer en un CETI en el que llevan un año y por el que ven pasar a inmigrantes con los que llegan a compartir solo meses.
Sus historias se olvidaron, al igual que aquella trágica entrada que llegó a ser portada de los medios nacionales y motivó la crítica de todos por la violencia empleada. Hoy nadie repara en que aquellos jóvenes subsaharianos que fueron rescatados por los Bomberos y salieron asustados y desconcertados de los amasijos de hierro están siendo condenados en vida, cuando en el fondo son las víctimas de una tragedia y los que deben ser defendidos.
