Verdejo, olvidado por Abascal y despreciado por Vox, pide amparo a la Mesa de la Asamblea

El diputado de Vox-Ceuta, Carlos Verdejo, carga contra todo y contra todos sus compañeros de grupo. Lo hace en un escrito que ha dirigido a la Mesa de la Asamblea con el que prácticamente está pidiendo amparo.

Quien fuera el ‘pistolero’ político del Grupo en la Asamblea, con plenos en los que no dejaba títere con cabeza, ha quedado relegado al olvido, tanto que ni siquiera tiene acceso a la llave de la oficina y, tras pedirla, el propio Juan Sergio Redondo respondió al personal municipal que “no se harían más copias”.

Verdejo ha pedido a la Mesa que sea reconocida su “situación de exclusión de hecho” además de “la falta de acceso a los recursos públicos” en la que se encuentra. Solicita instar a la adopción de medidas necesarias para “garantizar mi acceso a la oficina del grupo”.

Verdejo quiere también disponer de “medios materiales, técnicos, administrativos y financieros que correspondan al grupo parlamentario, en condiciones de igualdad con el resto de diputados”.

“Sigo siendo diputado de pleno derecho”

“Conforme a lo previsto en la Base 30 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 2025”, Verdejo pide que “se arbitren mecanismos para que una parte proporcional de los recursos económicos públicos asignados al grupo, en función del número de diputados, me sea reconocida y gestionada de forma efectiva para el cumplimiento de mis funciones, bien directamente, bien a través de la intervención de los servicios administrativos de la Asamblea”, expone.

Así también, el integrante de Vox quiere que se promuevan desde la Mesa instrucciones o normas de obligado cumplimiento para los grupos parlamentarios que garanticen “el uso equitativo, transparente y no discriminatorio de los recursos públicos asignados, protegiendo los derechos individuales de todos los diputados que los integran”.

Verdejo, apabullado por sus compañeros, asegura que no ha abandonado el grupo ni tampoco se ha declarado diputado no adscrito, como fue el caso de Teresa López. “Sigo siendo diputado de pleno derecho”, indica en el escrito al que ha tenido acceso este periódico.

Una suspensión y sus consecuencias

Al que fue número 2 de la formación, se le comunicó recientemente una “suspensión interna” mediante “correo electrónico por el denominado consejo de dirección del grupo, cuya validez jurídica y efectos orgánicos carecen de eficacia ante esta Asamblea mientras no se tramite formalmente mi cambio de situación conforme al reglamento”, explica a la Mesa.

“Si bien no se me ha prohibido expresamente el uso de recursos materiales o logísticos del grupo, la realidad es que no tengo acceso a la llave de la oficina del grupo, no se me ha facilitado información económica o financiera por parte del grupo y únicamente he podido acceder a parte de la documentación relativa a justificación de gastos de ejercicios anteriores mediante el ejercicio del derecho de consulta ante la consejería de hacienda, pero no a través del propio grupo parlamentario”, apunta.

“Desconozco la función del personal vinculado al grupo”

Asegura Verdejo que en estos momentos desconoce “la función o criterios de contratación de parte del personal técnico y administrativo vinculado al grupo y pagado con fondos públicos”.

“Existen contratos, funciones o justificaciones que ignoro por completo. De hecho, desconocía la identidad de parte del personal hasta que ejercí el Derecho de Consulta en la Consejería de Hacienda”, expone.

Esta situación “de opacidad, exclusión y falta de participación obstaculiza gravemente mis funciones parlamentarias como miembro del grupo y contribuye a una gestión arbitraria de recursos públicos que deben estar al servicio del conjunto de diputados que lo integran”.

Dotaciones económicas percibidas

Argumenta Verdejo que, “conforme a la Base 30 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General 2025, los grupos parlamentarios reciben dotación económica pública”.

Está compuesta por una cantidad fija mensual por diputado: 3.072 euros, destinada al pago de personal técnico/administrativo, y una cantidad fija mensual adicional por diputado: 100 euros.