Las leyes están para cumplirlas. La norma legal no es un invento que deben cumplir sólo las empresas “legales” a la hora de edificar. Así lo ha explicado UPyD en un comunicado donde denuncia que “no es aceptable desde ningún punto de vista que una edificación necesite disponer de planes de urbanización, estudios de detalle, proyectos de ejecución, licencias de obra, permisos de inicio de obras, pago de tasas urbanísticas y demás cuando un particular llega y levanta con tres obreros, a veces ilegales, unos muros, unas escaleras y enganchan los suministros que necesitan a la red pública”. El grupo político considera que en Ceuta “hay, pues, ciudadanos que pagamos nuestros impuestos al comprar una vivienda y que pagamos el coste de todo el proceso legal, y otros a los que se les permite no hacerlo”.
Sin solución inmediata
UPyD denuncia que “esto está pasando hoy, pasa desde hace mucho tiempo, y desgraciadamente no tiene visos de que se le vaya a dar una solución inmediata”. De hecho consideran que tiene todas las perspectivas de agravarse aún más con ordenanzas como la que está pendiente de aprobación definitiva en la que se quiere “premiar” a muchas obras ilegales con una cédula de habitabilidad totalmente legal, argumentando para ello razones de índole “social”. “Hay algo muy evidente, y es que el problema de las obras ilegales salta a la vista. No se puede aducir el desconocimiento, porque cualquier ciudadano lo puede comprobar día a día por las calles si no cierra los ojos, cuánto más las autoridades competentes”.
Piden, por tanto, al margen de las razones, que exista una voluntad política manifiesta de atajar el problema con contundencia, expedientando y sancionando efectivamente a los infractores e incluso llegado el caso derribando la construcción en sí. Lamenta que “eso no se hace, y esa inactividad, esa dejadez y desidia da alas al que opera ilegalmente. Porque si permiten hacer eso en un solo caso, ¿qué va a impedir que lo haga también el vecino?”.
UPyD se pregunta la causa de que se permita esta situación en la ciudad autónoma. “Aquí entramos en el terreno de las elucubraciones y opiniones, pero la primera y más evidente respuesta que acude a nuestra mente es la explicación política. Cuando un problema ya no es un problema, sino que se ha convertido en toda una característica que define a la propia ciudad, ¿cómo se va a poner el gobierno a molestar a una masa tan importante de potenciales votantes?”. Acusan a los responsables de “cerrar los ojos y premiar la ilegalidad disfrazándola de razones humanitarias y de justicia social y dándole un soporte legal a través de una ordenanza. Así todos contentos y en las próximas elecciones quizás recuerden quién les ha hecho el favor… menos los que pagamos nuestros impuestos”.
