La UPAC de la Policía Local alerta carencia de efectivos para las playas

Las quejas apuntan a la ausencia simultánea de mandos, problemas para cubrir eventos y una planificación que consideran "insuficiente"

La situación interna de la Unidad de Proximidad y Atención Ciudadana (UPAC) de la Policía Local de Ceuta vuelve a generar malestar entre sus agentes.

Según trasladan varios efectivos, en los dos grupos que integran la unidad se concentra buena parte de los policías más jóvenes de la plantilla, circunstancia que conlleva que muchos de ellos sean o vayan a ser futuros padres.

De acuerdo con estas quejas, algunos mandos habrían intentado en diversas ocasiones limitar o dificultar la concesión de permisos relacionados con la paternidad, argumentando que los cupos de permisos o vacaciones ya se encuentran completos.

Los agentes consideran que esta interpretación resulta improcedente, al entender que los permisos de paternidad son un derecho independiente y no deben equipararse a las vacaciones ordinarias.

Las críticas también alcanzan la gestión diaria de los servicios. Los policías denuncian que, incluso cuando solicitan jornadas o días que les corresponden por derecho, encuentran obstáculos y trabas administrativas para su concesión.

Falta de efectivos y ausencia de mandos

Como ejemplo de esta situación, los agentes señalan lo ocurrido el pasado 29 de mayo, cuando únicamente se presentaron al servicio tres policías, sin la presencia de ningún mando, para cubrir el paso procesional de una Cruz de Mayo.

Ante esta circunstancia, explican que fue necesario recurrir a la colaboración de efectivos pertenecientes a otras unidades para garantizar el desarrollo del servicio.

Los denunciantes sostienen que este tipo de situaciones evidencian una planificación deficiente de los recursos humanos disponibles. A su juicio, la falta de personal operativo puede comprometer tanto la prestación del servicio como la seguridad de los propios agentes.

Además, aseguran que mientras los policías encuentran dificultades para disfrutar de determinados permisos, los mandos de la unidad no suelen tener problemas para ausentarse simultáneamente.

Según indican, en algunos momentos los tres responsables de un mismo grupo han llegado a coincidir fuera de servicio, dejando a los agentes sin ningún tipo de supervisión directa.

Polémica por el servicio de playas

Otro de los asuntos que genera controversia es la organización del tradicional servicio de playas durante la temporada estival. Actualmente, este dispositivo se cubre con 12 policías, distribuidos en dos turnos de seis agentes. Cada semana se destinan tres parejas de policías a las playas de La Ribera, El Chorrillo y Benítez.

Según explican los agentes, en la lista inicial de asignaciones dos policías decidieron darse de baja voluntariamente del servicio, una decisión que consideran totalmente legítima y amparada por la normativa vigente.

Sin embargo, esta circunstancia provocó que uno de los grupos quedara reducido a dos parejas operativas, imposibilitando la cobertura completa de una de las playas previstas.

Los denunciantes aseguran que existe una lista de reserva integrada por agentes de la Unidad de Tráfico dispuestos a incorporarse al servicio. No obstante, afirman que la Administración no está recurriendo a dicha bolsa debido a limitaciones derivadas de los acuerdos internos que regulan el número máximo de efectivos de Tráfico que pueden ser destinados a esta función.

Una playa podría quedar sin vigilancia todo el verano

Como consecuencia de esta situación, los policías alertan de que la playa de Benítez podría permanecer sin la cobertura policial inicialmente prevista durante toda la temporada de verano.

Los agentes consideran “incomprensible” esta decisión al existir funcionarios disponibles y dispuestos a asumir el servicio.

A juicio de los afectados, la prioridad parece ser mantener los efectivos de Tráfico en sus puestos habituales antes que garantizar la presencia policial en todas las playas incluidas en el dispositivo estival.

Por ello, reclaman una revisión de la planificación y una gestión más flexible de los recursos humanos, con el objetivo de asegurar tanto el respeto a los derechos laborales de los agentes como la correcta prestación de los servicios públicos de seguridad.

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