La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, visibilizó ayer de nuevo con su visita a Ceuta el respaldo que el Gobierno de España da a la ciudad con hechos y no simples palabras, que también. La política manchega cruzó el estrecho para presentar en persona el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico aprobado por el Consejo de Ministros la semana pasada, que más allá de los cerca de 600 millones de euros que prevé en inversiones en cuatro años demuestra que la ciudad es una prioridad en su agenda.
Para conseguir su aprobación ha sido clave también el trabajo del Gobierno local y su plena disposición a velar por el interés general sin pararse a pensar en el partidista, una obligación irrenunciable, según recordó ayer Vivas. Es imposible pensar que en un escenario de confrontación como el que plantean otros partidos fuese factible la elaboración de una hoja de ruta con medidas de mucho calado.
Esa disposición de lealtad institucional no es incompatible ni debe serlo con el mantenimiento de las reivindicaciones de Ceuta, que en la encrucijada en que se encuentra sigue considerando imprescindible y urgente la actualización del Régimen Económico y Fiscal (REF) o la adopción de una postura definitiva sobre la exigencia de visado para entrar en España por el Tarajal o la integración en la Unión Aduanera.
Ahora lo importante, una vez diseñado el itinerario a seguir, es que la Comisión de Seguimiento de las medidas planteadas funcione y sea realmente efectiva para urgir a los distintos departamentos a que avancen en su implementación sin ampararse en las excusas de índole burocrático, presupuestario o administrativo recurrentes. En un momento decisivo, las oportunidades disponibles deben ser aprovechadas.
