Alrededor de 6.000 familias ceutíes se han visto afectadas por la cláusula suelo, según los datos aportados ayer en la charla informativa que la firma Ausbanc Abogados ofreció en nuestra ciudad ante consumidores y empresarios perjudicados o, simplemente, interesados en informarse sobre ‘productos bancarios nocivos’.
Durante charla, ofrecida por el abogado y delegado de Ausbanc en Andalucía Oriental, Alfredo Martínez, se resaltó este dato, “muy por encima de la media nacional” y que además “no ofrece particularidades diferentes a otras localidades del resto de España. Las entidades bancarias ni siquiera han sido sutiles al tener en cuenta las características de cada ciudad a la hora de implantar esta cláusula suelo”. Este producto bancario nace en 2008, fruto de una compleja planificación bancaria que, dos años antes, ya conocía que la bajada del Euribor podría provocar importantes pérdidas a las entidades. A esta “abusiva cláusula”, se le suma el swat, que “venden” como un seguro gratuito para proteger al cliente de la subida del euribor. “Al final es el cliente quien tiene que pagar unas cuotas altísimas, al margen de que su cancelación supone unas cantidades muy altas”. El pago adicional que estas familias están abonando por la tan mencionada cláusula no se traduce, sin embargo, en denuncias por parte de los afectados. Las causas, según Martínez, pueden ir desde el “desconocimiento, hasta el miedo por verse atrapados por el banco al no poder renegociar y hacer frente a la hipoteca o el simple hecho de no poder hacer frente a los costes procesales de una denuncia”. Un problema este último que Ausbanc va a solventar ya que su actual política es la de ofrecer asistencia jurídica gratuita, “así no se verán ante una barrera infranqueable y, únicamente, si se gana el juicio, se cobrará un porcentaje del dinero recuperado”. De este modo, añade, “tratamos de derribar esa barrera insalvable que a veces impide al cliente denunciar”. Procedimientos judiciales Actualmente, sólo existen 46 procedimientos judiciales abiertos, “sólo la punta del iceberg en comparación con los numerosos casos que se han producido en Ceuta”, se lamenta Martínez, quien ha asegurado que su empresa, con sede en Málaga, se trasladará a nuestra ciudad cada tres meses aproximadamente para seguir informando y animando a los afectados a llevar sus casos ante los tribunales. En toda España sólo entre el 2 y el 3% de los afectados por estos productos bancarios nocivos ha presentado denuncia, pese a que Martínez asegura que ganan el cien por cien de las demandas. Además recuerda que las cantidades a percibir por cada uno de los afectados pueden variar entre 7.000 y 14.000 euros por año.
Martínez :“Es un híbrido entre un producto de deuda y una acción”
Las grandes ‘víctimas’ de las participaciones o acciones preferentes son los jubilados, según explicaba Martínez. “Es el perfil perfecto porque son personas que tienen un depósito y supone menos riesgo para la entidad bancaria”. Un 90% de estos depositarios son pensionistas. A juicio del delegado de Ausbanc en Andalucía Oriental, los bancos “intentan convertir a todos sus depositantes en preferentistas, pero la crisis les ha llevado a perder estas inversiones”. De situación “fraudulenta” tilda el abogado la venta de las preferentes que los bancos han ‘disfrazado’ de depósitos, pese a las grandes diferencias entre ambos. Mientras un depósito bancario ofrece una retribución mensual y, en caso de que el cliente así lo decida, puede devolverlo, en el caso de las participaciones preferentes, “un híbrido entre un producto de deuda y una especie de acción”, el cliente únicamente percibe beneficio cuando el banco también lo obtenga. Además, se da el problema añadido de que la preferente “no se puede cancelar y si el cliente quiere deshacerse de ella tiene que hacerlo mediante la venta a otra persona”. En nuestra ciudad se han visto afectadas por estas preferentes un importante número de personas, aunque sólo 35 han decidido denunciar su caso, un número ínfimo que la firma de abogados intenta incrementar. Martínez también apunta que algunas entidades bancarias “no han reflejado la situación económica real”, lo que ha dado mayor viabilidad a las demandas, asegura el abogado de Ausbanc.
