En torno a esta idea se ha creado una plataforma de estudiantes, profesores y personal de administración y servicios de algunas universidades españolas, que incluso estudian convocar huelga indefinida, o campañas de desobediencia civil. Una de sus acciones más sonadas ha sido el recibimiento dado en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, durante el comienzo del curso escolar, al representante enviado por la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Jon Juaristi. La intensidad de la protesta fue tal, a juicio de algunos columnistas (leer a Jorge Riechmann en Más Público http://maspublico.com/2012/09/05/el-curso-no-debe-comenzar/) que no hubo ni discursos, ni inauguración oficial, ni GAUDEAMUS.
La idea que subyace debajo de este movimiento es que estamos asistiendo a un ataque organizado a los servicios públicos esenciales de la vida decente de una sociedad democrática, fundamentalmente los servicios sanitarios y la educación pública. Frente a ello, “seguir haciendo como siempre”, manifiestan, se volverá irremediablemente contra todos nosotros. Lo que piensan los impulsores de esta plataforma es que el ataque contra la universidad pública (plasmado en el Real Decreto-Ley 14/2012), es tan destructivo, que el curso no debe comenzar. Lo que pretenden es que las Universidades públicas se sumen a la huelga indefinida que se ha convocado en todos los niveles de enseñanza en la Comunidad de Madrid a partir del 17 de septiembre. Me han llamado la atención las razones de fondo que esgrimen para mantener su postura.
En el documento elaborado exponen que las tres reformas aprobadas por el gobierno en los últimos meses destruyen la posibilidad de que exista una sociedad decente en España. En la educación, porque se imposibilita que a medio plazo se pueda compensar la desigualdad de oportunidades. En la sanidad, porque se hace muy difícil poder auxiliar a muchos ciudadanos que se ven expuestos a enfermedades graves. En lo laboral, porque se deterioran las condiciones de empleo y se atribuye todo el poder a la empresa. Consideran que, de esta forma, la educación superior estará reservada sólo a los ricos, y la sanidad pública degradada se dejará sólo para los pobres.
Algunos datos respecto al sistema educativo. En España, el número de estudiantes se multiplicó por diez en medio siglo (167.000 alumnos en los años 60 del pasado siglo, frente a 1,6 millones en 1999). De esta forma, la población con estudios universitarios pasó de 727.000 en 1977 a 3,2 millones en el año 2000. En 2007, la proporción de graduados universitarios españoles llegó al 29%, que suponía superar la medida del 27% de los países de la OCDE.
A partir de 1999 comienza el denominado Plan Bolonia, que trata de reorientar la docencia y la investigación para adaptarlas más a las necesidades de las empresas, para suplir así la ausencia de inversión privada en I+D+I. Esto, que en principio puede ser positivo (a pesar de la intensa controversia que hay al respecto), finalmente se está convirtiendo en una lacra para el sistema universitario, como consecuencia de los recortes presupuestarios. Así, con el último decreto del gobierno, se consigue subir los precios públicos de las matrículas, eliminar muchas titulaciones de pocos alumnos, reducir contrataciones y subordinar la actividad docente e investigadora a criterios economicistas. Y ello a pesar de que los estudios disponibles demuestran que la estrategia de futuro más segura para nuestro país es la mejora del sistema educativo y el apoyo a la investigación. Es así como muchos países han salido de su crisis económica.
En el presente curso académico ya se han notado estos recortes. Las matrículas han subido su precio entre un 24% (Medicina, enfermería y Nutrición), y un 52% (Ciencias Sociales y Humanidades). Igual le ha ocurrido a los Másteres. Pero es que además se han adoptado medidas en muchas Comunidades Autónomas que estrangulan económicamente a las universidades. Por ejemplo, la partida presupuestaria que el Ministerio de Educación destinaba a la Universidad de Granada para sufragar los gastos de los Campus de Ceuta y Melilla, se ha reducido de forma muy sustancial, lo que está provocando protestas de algunos departamentos, que se niegan a seguir financiando actividades en estas ciudades, con los fondos recibidos de la Junta de Andalucía.
Quizás aún no sea el momento de plantearse medidas tan drásticas como una huelga general indefinida, o la desobediencia civil. Pero sí hay razones suficientes para estar preocupados y alarmados ante la peligrosa senda de destrucción del sistema público emprendida. En lo referente al sistema universitario, seguir echando sobre las espaldas del profesorado las consecuencias de la crisis financiera va a repercutir, necesariamente, en una pérdida de calidad de la enseñanza, al verse incrementados los grupos de alumnos de cada profesor y el horario de clases, y también en un deterioro de la investigación, pues a muchos enseñantes no les quedará tiempo material ni fondos suficientes, para poder continuar con sus proyectos. Y si esto continúa, las consecuencias las sufrirán, primero los alumnos, y después la sociedad española, que se verá privada de uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico, como es la educación y la investigación.