La Federación de Empleados de Servicios Públicos de la UGT (FeSP-UGT) va a recurrir ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo el nombramiento como gestora de Servicios de la exconsejera Kissy Chandiramani, publicado este martes en el BOCCE. Según ha avanzado el delegado sindical Antonio Ramírez, sobre la creación de esos puestos “está a punto de salir la sentencia definitiva” después de que fuesen anulados y el Gobierno de la Ciudad los constituyese de nuevo atribuyéndoles funciones concretas, lo que no había hecho al principio de la legislatura.
Los Servicios Jurídicos de la central incluso atisban un posible delito de “malversación de fondos”. “Lo vamos a recurrir para que, si ganamos como creemos, se tenga que devolver íntegramente lo que haya cobrado la persona beneficiarias”, ha señalado Ramírez, que ha destacado que “Vivas es muy inteligente y jamás firma estas cosas: siempre las delega en alguien, esta vez en una persona que ni es diputado”.
“Juan Vivas”, ha añadido sobre el presidente, “no abandona a nadie y ahora nos hemos encontrado con que la plaza que dejó la anterior gestora de Servicios, Carolina Hurtado, se ha cubierto con Chandiramani: es algo intolerable, lo mismo de siempre, el régimen mostrando una inmoralidad absoluta porque aquí hace falta personal en Menores y en la Residencia de Mayores no más asesores”.
El sindicalista también ha cargado contra el “mucho interés” que dice que parece tener el Gobierno local del PP completar el proceso abierto para cubrir una plaza de ingeniero de Caminos, Canales y Puertos “que ya tiene Tribunal y que se va a convocar para el día 20. “Si finalmente no es la persona que anunciamos [Pedro Sierra] quien consigue la plaza pediremos disculpas y si no acudiremos a donde tengamos que hacerlo, pero de momento tanto las bases como la creación del puesto están recurridas por falta de consignación presupuestaria”, ha reflexionado.
A preguntas de los medios ha dicho que “podría ser el mejor candidato, es cierto, pero es indudable que yo convoqué a los medios antes de que hubiese candidatos y pusimos en un papel un nombre: a lo mejor tenemos súper-poderes en la UGT”, ha ironizado. No obstante, a su juicio “hay cuestiones que llevan a sospechar como unas bases que cambiar con respecto a los demás y que ya han dejado de aplicarse; el nombramiento de un Tribunal cuyo presidente no lo había sido nunca, el interventor que no es tal como la secretaria general...”.
Según UGT la plaza se ha convocado para Sierra y todas las bases se han ajustado “para intentar meterle en la Ciudad”. “Desconozco cuál será la misión de un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en esta Administración”, ha abundado Ramírez, que ha señalado “personalmente” a Vivas como instigador del supuesto chanchullo.
La Justicia cuenta ya con informes realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en los que se detalla con exactitud cómo UGT se nutrió a escala nacional del latrocinio de más de 30 millones de euros de los fondos de formación extremeños.
Los investigadores de la Benemérita ha aportado datos que revelan la radiografía de cómo el “69,18%” de los contratos era gestionado, no por el sindicato regional, sino por el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), que, a su vez, derivaba contratos a otras sociedades -como Formación 2020, propiedad en un 95% del propio IFES y un 5% de UGT España-. Hay que recordar que IFES es una de las entidades que ha aparecido vinculada a la mayoría de las acusaciones de corrupción en Andalucía precisamente con los cursos de formación.