La Unión General de Trabajadores (UGT) va a iniciar en Ceuta la recogida de firmas para llevar a cabo una Iniciativa Legislativa Popular a favor de la regulación de la dación en pago, la paralización de los desahucios y el alquiler social. Las firmas se unirán a las que se recogerán por todo el país hasta sumar las 500.000 mínimas para que pueda debatirse en el Parlamento las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil con vistas a que, aquellas personas que no puedan pagar sus hipotecas, salden la deuda con la entrega del piso. Las firmas se recogerán en la sede sindical de Ceuta y también en las empresas, a través de la extensión de la campaña por los distintos centros de trabajo.
UGT considera que esta fórmula sería la solución para liberar a las familias hipotecadas de los efectos perversos de las concesiones excesivas y abusivas de los créditos por parte de las entidades financieras así como de la sobrevaloración de las viviendas. “Esta situación está provocando un auténtico drama social que viven muchas familias, víctimas primero de la especulación financiera y después de la crisis económica, que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca y que, no sólo pierden la vivienda, sino que continúan arrastrando de por vida la deuda contraída con el banco o caja”, dice el sindicato.
La intención de esta Iniciativa Legislativa Popular consiste en modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil, para lograr tres objetivos. Uno primero consistente en normalizar la dación en pago con efectos retroactivos, para que se pueda liquidar la deuda hipotecaria con la entrega de la vivienda a la entidad financiera y empezar de cero.
Igualmente, un segundo objetivo intentará paralizar los desahucios en los casos en que se trate de la vivienda habitual y cuando el impago del préstamo hipotecario sea debido a motivos ajenos a su voluntad; mientras que el último objetivo profundiza en el alquiler social para que la persona que pierda su vivienda tenga derecho a seguir residiendo en ella pagando a la entidad financiera un alquiler no superior al 30 por ciento de sus ingresos mensuales por un periodo de 5 años.
Con esta medida, en definitiva, se trata de “dar un paso más en la lucha para frenar la cultura especulativa que ha conducido a la situación actual”. Al mismo tiempo, la dación en pago liberaría a las administraciones públicas de la necesidad de atender con fondos públicos el empobrecimiento económico, social y personal que están sufriendo miles de familias afectadas por el pago de las hipotecas.
