La Secreatría de Acción Sindical de UGT, rechaza, la suspensíón, en dos años, al límite de encadenamiento de contratos temporales, según afirma en una nota de empresa enviada ayer a los diferentes medios de comunicación. Dice también que esta medida es apostar directamente, por la temporalidad por el empleo de mala calidad y con menos derechos para los trabajadores.
Según UGT el límite de encadenamiento de contratos es fruto de un acuerdo tripartito alcanzado por las organizaciones sindicales, las patronales y el gobierno, en al año 2006, acuerdo que pretendía potenciar la contratación estable, la contratación indefinida y limitar y reducir la contratación temporal, sobre todo la contratación temporal abusiva. “Estamos ante una medida aparentemente contradictoria e incoherente, porque no se entiende que, por un lado, el gobierno pretende suspender, durante dos años, el límite al encadenamiento de contratos temporales y, por otra parte, fomente la conversión de contratos temporales en contratos de fomento de empleo, de carácter indefinido”, afirma UGT.
Los contratos de formación y aprendizaje es una modalidad de contratación adecuada dado que el paro juvenil está en el 43%, el doble de la taso de paro general, no obstante la regulación de esta modalidad debe reforzarse en línea con los planteamientos sindicales. “Nuestro sistema educativo de formación profesional debe de adoptar un sistema dual que combine la formación de los centros escolares, con el trabajo en las empresas”. Asimismo señala que “la medida del gobierno sólo habla de contratación, pero el sistema de formación o se adapta en esta línea. Rechazamos que se eleve a 30 años la edad para acceder a este tipo de contratos, pues la edad de 25 años es elevada”.
Sigue diciendo la nota informativa que “todas las medidas aprobadas en el anterior Consejo de Ministros como en el próximo son parciales y no atienden al objetivo de priorizar el empleo en político económica. Así algunas son positivas pero insuficientes como el Plan Prepara y otras no tienen sentido, los-as trabajadores-as estamos siendo responsables con la crisis pero lo que se requiere son compromisos empresariales de moderación de beneficios y precios y se requieren también políticas públicas para fomentar la recuperación económica y el empleo”.
Termina diciendo la nota que “la reforma constitucional para limitar el déficit es un tema de suficiente calado como para que la ciudadanía fuera consultada en referendum. Es una medida de dudosa viabilidad y éxito, con lo que no tiene sentido consagrarla con naturaleza constitucional. Lo único que se van a introducir son elementos de riesgos en el presente y en el futuro y van a producir problemas en el crecimiento económico, en la creación de empleo y en el mantenimiento del Estado de Bienestar en nuestro país”.
